Imputado el exjefe del Ejército de Colombia por decenas de ejecuciones extrajudiciales

La revisión y el conocimiento del pasado trágico es clave para administrar el presente político colombiano e imaginar un futuro. Eso es al menos lo que cree el presidente Gustavo Petro, quien ha puesto a la "paz total" como un pivote de su Gobierno. En este contexto, y aunque fuera de la injerencia del Estado, acaba de ser imputado de delitos de lesa humanidad nada menos que el general que llegó a manejar el Ejército durante los mandatos del presidente de derechas, Álvaro Uribe. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional derivado del acuerdo que suscribieron el Estado y las FARC para finalizar el conflicto armado, en 2016, Mario Montoya, de 74 años, está involucrado en 130 casos de "falsos positivos". Así se llamaban los casos de personas asesinadas a las que se hacía pasar por guerrilleros muertos en combate.

Los hechos por los que se los imputa a Montoya han tenido lugar cuando se desempeñaba al frente de la Cuarta Brigada de Medellín, en el noreste de ese país. De acuerdo con la JEP, el entonces general ha mentido "sobre el número de bajas" y encubrió episodios "de extralimitación del uso de la fuerza".

El jefe de esa unidad del Ejército presionaba a sus subordinados para obtener promociones sobre la base de ejecuciones que se presentaban como "bajas en combate". Pero, además, la JEP acusa a Montoya de "exaltar" el derramamiento de sangre. El tribunal consideró que los "falsos positivos" no pueden "entenderse" sin la exigencia que provenía de los mandos de la Cuarta Brigada de "mejores resultados operacionales" que, en rigor, lo que buscaban eran inflar los números de la "política de seguridad" que llevaba adelante la administración Uribe. Su Gobierno se había iniciado en 2002 con la promesa de redoblar la estrategia contrainsurgente, especialmente dirigida hacia las FARC, a la que le propinaría severos golpes. Uribe aumentó de manera considerable el presupuesto militar para cumplir con esos objetivos.

La JEP revisó papeles públicos y aquellos que estaban fuera del alcance público para llegar a una conclusión que también afecta a los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular.

El escándalo de los "falsos positivos" estalló durante el último tramo del segundo mandato de Uribe. Por entonces, Juan Manuel Santos estaba al frente del Ministerio de Defensa y Montoya era la principal autoridad del Ejército. El presidente se tuvo que desprender del comandante del arma terrestre. Como premio, lo designó embajador en República Dominicana.

El dictamen de la JEP insinúa la posibilidad de indagar sobre las "decisiones a nivel nacional" que se emitían por encima de Montoya. Su jurisdicción, pactada en el acuerdo de paz de 2016, es clara: no puede investigar a los jefes de Estado, aunque sí interrogarlos.

Antes de acusar a Montoya, la JEP había imputado a la cúpula de las FARC por cientos de secuestros. Aún no ha dictado su primera condena desde el comienzo de sus actividades, en 2017.

El contexto de la imputación

El caso Montoya se conoce en medio de los complejos avances del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y el ELN, la guerrilla de corte guevarista, operativa desde mediados de los sesenta.

A la vez, Petro acaba de expresar su deseo de dictar una "ley de reconciliación nacional" que, señaló el portal La Silla Vacía, busca “ofrecerles una propuesta atractiva a las organizaciones criminales con las que el Gobierno lleva meses buscando acercamientos para que entren a la paz total”.