La reivindicación de una plataforma vecinal con apoyo institucional

Para evitar el cierre de la estación de tren y reclamar unas medidas de seguridad adecuadas nació hace años la Plataforma Pro-apertura de la Estación de Tren de Gallur, fruto de un movimiento vecinal.

La estación de tren de Gallur está ubicada en un punto peligroso, a pocos metros de una curva cerrada con una considerable limitación de visibilidad de los convoyes lo que supone un riesgo de accidentes altamente elevado. Este hecho fue reconocido por el Gobierno de Aragón en un informe evaluado en octubre de 1997 sobre la situación de la estación ferroviaria de Gallur.

Víctor Sentís encabezó el movimiento como portavoz de la Plataforma Pro-apertura de la Estación de Tren, siendo él mismo quien articuló las diversas denuncias contra el Ministerio de Fomento. De esta forma, la ‘batalla legal’ se fue prolongando desde que un decreto de Renfe, a finales de 1997, regulase que la estación de tren pasaba a ser «un apeadero asistido» lo que de facto era, según la plataforma, un «ilegal cierre de la estación».

Desde entonces la plataforma ha trabajado y luchado para conseguir mantener la estación y mejorar su seguridad y, finalmente, en septiembre de 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez atendía un informe elaborado por el Gobierno de Aragón dos años antes, dio la razón a la plataforma y obligó a Adif a dotar a las instalaciones de las medidas de seguridad adecuadas. El resultado es el que ha propiciado la construcción y entrada en servicio del paso a nivel inferior.

Apoyo institucional

El Ayuntamiento de Gallur, además de dirigirse a las instituciones pertinentes para denunciar el ilegal cierre de la estación, acordó en diciembre de 1997 redactar una moción conjunta por parte de los once ediles de la corporación, ratificando los acuerdos de la Comisión de Gobierno y las acciones llevadas a cabo por el municipio en defensa de la estación.

Además, el ayuntamiento interpuso un contencioso administrativo ante el Ministerio de Fomento. En sucesivas legislaturas, el Ayuntamiento de Gallur, conformado por los grupos de CHA, PP y PSOE, apoyó las reivindicaciones de la plataforma convocando incluso manifestaciones reclamando que la estación y el tren sean «realmente sea un servicio público, y como tal esté dotado de los requisitos de seguridad adecuados».