Izquierda Unida de Aragón rechazó ayer públicamente la actitud de la CAI por denunciar a las 52 personas que tomaron su sede central en Zaragoza y solicitó, tanto al ayuntamiento de la capital aragonesa como al Gobierno de Aragón, que se hagan cargo de la defensa legal de sus representantes en el consejo de la entidad, Juan José Jordá e Isabel Aina, respectivamente, que también figuran entre los imputados.

Ambos están acusados de ocupación ilegal del edificio y coacciones, cuando ellos entienden que "no hubo ni violencia ni intimidación" en una protesta. Además, consideran que la CAI "se está extralimitando, haciendo una interpretación torticera de la ley", destacó el coordinador de IU Aragón, Adolfo Barrena.

El diputado autonómico compareció ante los medios junto al portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, y ambos anunciaron que trasladarán una petición a ambas administraciones para que los servicios jurídicos se ocupen de su defensa. Y ofreció la ayuda de la formación de izquierdas para el resto de imputados. Lo harán el próximo viernes, en el pleno que se celebra en las Cortes y en el consistorio.

Además, señalaron que es una imputación "apoyada por el delegado del Gobierno en Aragón", Gustavo Alcalde, al que acusaron de demostrar una "actitud colaboracionista con los poderes económicos" y sus represalias contra cualquier protesta pública que se realiza. El motivo es que "solicita identificación a todas las personas" que acuden a estas, facilitándoles los datos a empresas privadas. Una actitud que se suma a la reacción mostrada ante quienes protestaron contra los recortes en educación en la calle Alfonso o el escrito con el que amenazaba a los Bomberos que abogaban por no participar en ningún desahucio.