La fecha elegida por el Ayuntamiento de Zaragoza para anunciar que reclamará a la antigua contrata, TUZSA, 51 millones de euros no ha gustado a la oposición. Los grupos municipales cuestionan que la auditoría se haya realizado tres años después de haberse redactado el informe jurídico por el que se concluye que la concesionaria incluyó costes en el precio por kilómetro que no tenía por qué asumir el consistorio.
"¿Qué ha estado haciendo el PSOE estos últimos seis años y, en concreto, estos tres últimos?", preguntó el portavoz de CHA, Juan Martín. "Si en el 2011 el texto ya recogía que no tenía que pagar, ¿por qué ahora"?. Desde la agrupación van a solicitar información sobre cuánto se ha tenido que pagar en los años 2011 y 2012 de más y "qué posición tiene el ayuntamiento para reclamar". Martín quiso recalcar que solamente se puede pedir la devolución desde el 2009.
El portavoz popular, Eloy Suárez, planteó la misma cuestión: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto tiempo para deducir que le deben 51 millones de euros?" Para el popular, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, "tiene un problema muy grave" y señaló que "si ha pagado sin tener que hacerlo, tendrá que dimitir".
IU, fue más allá, y anunció que pedirá un informe a la Comisión de Vigilancia de Contratación y la comparecencia de la responsable de Servicios Públicos, Carmen Dueso, para explicar cómo se ha llegado a este punto. Su portavoz, Raúl Ariza, manifestó su duda sobre el IPC que se aplica a la contrata del bus. "El del transporte, el del transporte público o el normal", preguntó. Ariza recordó que los beneficios de explotación de TUZSA fueron de 14 millones de euros en el 2011, de 12 millones en el 2010 y de 13 en el 2009 y que, actualmente, el margen de beneficio es del 5%. Criticó que "no se estuvo ágil a la hora de revisar los precios".
Desde Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) no se pronunciaron sobre el anuncio.
