El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pasará a la Historia como el ministro que logró aglutinar las iras de todos los agentes de la Justicia independientemente de su orientación ideológica. Y el primero al que se le hizo una huelga en la Administración de Justicia que tuvo un masivo seguimiento en la comunidad. Muy pocos jueces, fiscales, secretarios, abogados y demás agentes judiciales --por no decir ninguno-- han aplaudido la gestión política del que siempre fue enfant terrible del PP y cuyas ambiciones siempre han tropezado con las trabas y recelos que halló en su propio partido.
Sus controvertidas decisiones y proyectos, más allá del de la reforma de la Ley del Aborto que ha terminado con su carrera política, fueron cuestionadas, criticadas y amenazadas por el propio Gobierno de Aragón, que no dudó en enfrentarse en varias ocasiones a las propuestas que el ministro planteó en las distintas conferencias sectoriales celebradas en Madrid. El portavoz y titular de Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, no ha tenido reparos en cuestionar algunas de ellas.
PLANTA JUDICIAL Y LAS TASAS
En especial la reforma de la planta judicial --que reducía de 13 a apenas 5 los partidos judiciales y acababa con la administración de proximidad, reformando los diversos distritos-- y con la aplicación de tasas judiciales que suponía un duro golpe al derecho universal de la Justicia. En el primer caso, el Gobierno de Aragón amenazó con acudir al Tribunal Constitucional para recurrir una reforma muy cuestionada y que, como ha sucedido con la modificación legislativa de la interrupción voluntaria del embarazo, acabó en un cajón olvidado de algún despacho de la madrileña calle de San Bernardo.
Respecto a las tasas, varias iniciativas de las Cortes de Aragón y la propia petición del Ejecutivo reclamaron que, a pesar de su oposición rotunda al cobro por acudir a instancias judiciales, esta fuera reinvertida en el turno de oficio. Precisamente, este turno también es objeto de reclamación por parte de Aragón, al exigir el pago al ministerio de una cantidad superior al millón de euros por el aumento de expedientes en el 2013. La reclamación se ha hecho por carta y no se ha obtenido respuesta. Si el sucesor de Gallardón no lo remedia, este litigio acabará en los tribunales puesto que el Ejecutivo autonómico ya ha hecho pública su intención de presentar un contencioso.
SIN VISITAS A ARAGÓN
De hecho, su relación con Aragón ha sido tan poco cordial que ha sido el único miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy que nunca ha visitado la comunidad autónoma esta la legislatura. Y ocasiones ha tenido, en especial con la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza y la Audiencia Provincial de Huesca. Su última presencia fue en un acto preelectoral, aún como alcalde de Madrid, para avalar la candidatura del popular Eloy Suárez a la Alcaldía de Zaragoza. Eso sí, pasará a la Historia como uno de los ministros que más aragoneses ha indultado. Algunas de estas medidas de gracia también fueron cuestionadas, ya que en algunos casos se concedieron a narcotraficantes o contrabandistas.
No le va a la zaga su sucesor, Rafael Catalá, que como secretario de Estado de Fomento fue objeto de críticas al afirmar en el Congreso que no se desdoblarían las carreteras nacionales aragonesas con siniestralidad para no hacer "competencia" a las concesionarias de las autopistas. Su nombramiento como ministro pone en rampa de ascenso a otro viejo conocido de la política aragonesa. El exconsejero de Hacienda Mario Garcés, actual subsecretario de Fomento y que podría subir escalones en esa cartera.
