El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha abierto de oficio un expediente de revisión del concierto concedido por el anterior Ejecutivo al colegio Ánfora Internacional de Cuarte de Huerva. La medida se toma después de haber detectado más de una docena de irregularidades que, según la DGA, habría cometido la consejería dirigida por Dolores Serrat tanto en el procedimiento de autorización como en el de conciertos.
La apertura del expediente, que se publicará próximamente en el BOA y será sometido a información pública con el consiguiente plazo de alegaciones, se remitirá posteriormente tanto a los servicios jurídicos del Pignatelli como al Consejo Consultivo de Aragón.
La intención es que el concierto concedido por Serrat quede declarado nulo y demostrar que el anterior Ejecutivo otorgó irregularmente el concierto al Ánfora. Para ello, se basa en varios apartados, como el que hace referencia a la titularidad del suelo sobre el que se ha edificado el centro. Según la DGA, se incumplió el decreto de autorizaciones que obliga a aportar "el título jurídico que justifique la posibilidad de utilización de los inmuebles afectados". A Educación le consta únicamente una fotocopia de un precontrato privado de compra no elevado a escritura pública entre la empresa Yerhec y la sociedad Ánfora, con fecha 21 de octubre del 2014, en el que ni siquiera "puede acreditarse la titularidad de los firmantes" y condicionada a la concesión del concierto.
Otra irregularidad alcanzaría a la titularidad del centro, ya que las resoluciones provisionales de autorización y todo el procedimiento de concierto se llevaron a cabo con Ánfora, sociedad cooperativa madrileña como titular del centro, cuyos estatutos sitúan su ámbito de actuación en "todos los municipios de la Comunidad de Madrid". Educación afirma, de hecho, que hasta el pasado 14 de julio no se presentó ante el departamento la inscripción de la sociedad cooperativa aragonesa.
SIN CONVENIO
Ánfora también habría incumplido decretos al no existir un convenio como paso previo al concierto en el que se debe indicar cuestiones referentes al solar, plazos u obligaciones de las partes. Este requisito es obligado para todo centro de nueva creación no autorizado que quiera acceder a concierto.
Tampoco consta informe del Servicio Provincial de Educación acerca de si el centro va a satisfacer necesidades de escolarización, a atender poblaciones socieconómicas desfavorecidas y si proponen la realización de experiencias de interés pedagógico.
La Administración anterior también habría cometido otra irregularidad al haber obviado --a través de la comisión de conciertos-- el informe desfavorable por parte del inspector de referencia del centro y que también se ha remitido a Fiscalía debido a que la Administración ya se había comprometido a cubrir las necesidades educativas de la zona con la redacción del proyecto del colegio público Cuarte III.
Asimismo, Educación también se refiere a que Intervención avisó de que no era posible pagar 1,3 millones de euros este año por el concierto y que en la orden de resolución de conciertos "no se indica la cuantía que iba a recibir Ánfora", algo que sí se incluía en el resto de centros a los que se modifica el concierto.
Además, el expediente expone que ni en el expediente de autorización ni en el de conciertos consta informe técnico por parte de la DGA en el que se acreditara que el centro estaba en condiciones de terminar la obra, equiparla y, por tanto, obtener la autorización de la Administración para abrir sus puertas.
