El Consejo General de la Abogacía ha planteado a los colegios de abogados de toda España que se adhieran a sus medidas de presión contra la nueva ley de Justicia gratuita que prepara el Gobierno. Una norma "inadmisible" porque "empeora" la actual, según el presidente del órgano, el aragonés Carlos Carnicer. Varios colegios de abogados, entre ellos el de Huesca, ya han mostrado su conformidad con la huelga de celo.
Esta se concretaría el 30 de julio y el 10 de septiembre. Durante ambas jornadas, los letrados del turno de oficio no prestarían asistencia a los imputados no detenidos, ni servicios de orientación jurídica --salvo para suspender los plazos de un procedimiento--, ni asistirían a juicios rápidos sin detenidos. Además, los colegios que la secunden solicitarán reuniones con los presidentes de las audiencias provinciales para ganarse su apoyo.
Carnicer acompañó ayer al decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, y a la responsable del turno de oficio, Yolanda Mompel, en la celebración del día de la especialidad, que por primera vez incluyó la entrega de un diploma a los letrados que llevan 25 años.
Carnicer ejemplificó las deficiencias de la ley con la posibilidad de que un letrado se apunte al turno en cualquier colegio de España, lo cual disminuiría "la calidad" del servicio, a su juicio, al ser imposible que llegara en pocas horas de Zaragoza a Cádiz, por ejemplo.
Morán, por su parte, recordó que el propio consejero de Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, afirmó sentirse "engañado" por el ministro Gallardón por no recibir el dinero de las criticadas tasas judiciales para sufragar el servicio. Pese a que así se vendió.
También señaló que la norma obligará a los colegios a aumentar "la burocracia", al exigir datos y encuestas sobre satisfacción en un servicio "ejemplar", según Carnicer, que generó 80 quejas en 20.505 asuntos atendidos en Aragón el año pasado.
Afeó además que el proyecto limite a tres las atenciones que un ciudadano puede recibir en un año --salvo en materia penal--, lo que constituye "una presunción de uso abusivo" de la Justicia por parte del ciudadano.
En Aragón, los letrados aún tienen pendientes de cobro los expedientes desde el tercer trimestre del año pasado, aunque la DGA adelante los correspondientes a las guardias de 24 horas, cobrados casi al día.
