La alcaldesa socialista de Aranda del Moncayo, Rosario Cabrera, se sentraá el próximo 11 de febrero en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza acusada de por, supuestamente, cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en el proceso de licitación de un coto de caza.
Como ya publicó este diario, Cabrera se enfrenta a tres años de prisión y otros 7 años sde inhabilitación para cargo o empleo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
La acusación procede de una denuncia interpuesta por Sociedad de Cazadores del Coto de El Perdigal, que se consideró lesionada en sus intereses en el concurso convocado por el consistorio en el 2016 para decidir qué entidad se haría cargo de la gestión de la finca cinegética y al que se presentaron tres licitadores. Este espacio cinegético fue concedido a la Sociedad de Cazadores de San Roque, en la que ocupan puestos directivos el marido, un hijo y un cuñado de la alcaldesa, que está siendo defendida por la abogada Carmen Sánchez Herrero. El Perdigal «no pudo acceder al pliego de las condiciones del concurso al no ser publicado íntegramente en el Boletín Oficial y solo en el tablero de anuncios del ayuntamiento, mediante su colocación en vitrina cerrada con llave, de forma que solo podía verse la primera página».
El fiscal considera que se falló a favor de esta sociedad, a pesar de que «la adjudicataria incumplió con el requisito de aportar asimismo documentación necesaria como estar al corriente del pago de obligaciones tributarias, con la seguridad social y la constitución de la fianza».
La acusación particular, por su parte, eleva la petición de cárcel a cuatro años y seis meses de cárcel. El asunto fue visto también en la jurisdicción contencioso-administrativa, que en abril del año 2017 dictó sentencia firme anulando la adjudicación, a lo que siguió nueva orden de la DGA para enajenar el aprovechamiento cinegético que no ha sido cumplida, según la acusación.
Ante la apertura de juicio oral por parte del juzgado instructor, el Partido Popular solicitó al PSOE que cese a su alcaldesa, recordándole los códigos éticos de su formación, si bien no hubo respuesta. También denunciaron «la paralización» en la que vive el ayuntamiento.
