El anteproyecto de ley de transparencia y participación ciudadana se aprobará en menos de un mes en Consejo de Gobierno y llegará a las Cortes de Aragón con "retraso", pero con la intención de que sea consensuada como solicitan los grupos de la oposición.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha admitido que no se han cumplido los plazos prometidos en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, en la que ha comparecido para explicar los plazos de tramitación de la futura ley.

El consejero ha asegurado que el anteproyecto de ley de transparencia se aprobará "en las próximas semanas", tal y como indicó el pasado mes de noviembre en un pleno de las Cortes de Aragón, lo que ha sido criticado por la oposición.

No obstante, ha concretado que se aprobará en uno de los dos próximos Consejos de Gobierno -el siguiente es el 18 de febrero- y que, inmediatamente un día después, se abrirá el proceso de participación, de tal forma que llegará a las Cortes en este periodo de sesiones.

Por ello, ha pedido a los grupos de la oposición que tengan "fe" y que no se pongan "la venda antes de la herida", porque finalmente se aprobará en esta legislatura.

A su juicio, no tenía sentido tramitar una ley autonómica antes que la ley estatal, aprobada el pasado mes de noviembre, lo que no quita que no se haya avanzado en "transparencia" en estos años de Gobierno PP-PAR.

"¿Llega tarde? A la vez que todos", ha afirmado Bermúdez de Castro, quien ha indicado que los Gobiernos se han adaptado a las nuevas demandas de los ciudadanos en el tiempo en el que se han producido, ya que en España no había "cultura de transparencia" hasta hace poco.

Ante la petición de todos los grupos de la oposición de que esta ley sea consensuada, Bermúdez de Castro ha afirmado que se intentará lograr el mayor acuerdo posible, porque no es partidario de que las leyes cambien de "legislatura en legislatura".

El anteproyecto de ley prevé la creación de un portal del ciudadano más accesible y medidas de transparencia en la contratación pública; en la concesión de subvenciones; en la información financiera de las instituciones aragonesas, también de la Universidad de Zaragoza o en las empresas participadas por el Ejecutivo, entre otras.

De hecho, ha apuntado que esta ley también afectará a Aramón, sociedad pública que él preside, a pesar de que la ley estatal excluye a aquellas en las que los gobiernos no tienen una amplia representación.

Por ahora, el Gobierno de Aragón está valorando si crear un órgano de transparencia en Aragón o derivar estas funciones al Consejo de Transparencia de ámbito nacional.

Al mismo tiempo que la ley de transparencia y participación ciudadana, se modificará la ley del Presidente para incluir las prácticas de Buen Gobierno, de tal forma que se tramitarán dos leyes "en paralelo".

Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Tomás ha dudado de que el Gobierno quiera pactar con la oposición esta ley, dada la poca transparencia con la que el Ejecutivo responde a las preguntas parlamentarias.

También el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha expresado sus dudas sobre esta voluntad del Ejecutivo, ya que continúa sin convocarse la ponencia de reglamento de las Cortes, porque el presidente de la Cámara, José Ángel Biel, "lo paraliza".

Mientras, la portavoz de IU, Patricia Luquin, ha urgido a ser "absolutamente escrupulosos" en la elaboración de esta ley, ya que está en juego, a su juicio, la salud democrática.

Por último, el portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha indicado que los gobiernos deben creerse la "transparencia" para ejercitarla, más allá de las leyes, y el diputado del PP Fernando González ha destacado que es el Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi el que va a aprobar esta ley.