El aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) no cesa en Aragón tras casi dos meses de estado de alarma y confinamiento. El número de trabajadores afectados supera ya las 100.000 personas. En concreto, el Ejecutivo autonómico ha tramitado ya 13.972 procesos desde el pasado 16 de marzo, con un total de 106.826 afectados, de manera que al menos uno de cada cinco asalariados de la comunidad (486.000) se han visto inmerso en este tipo de ajustes laborales.
Esta cifra supera también ampliamente el número de parados registrados, que era de 72.481 al cierre del mes de marzo (hoy se conocerán los datos de abril). El volumen de afectados por regulaciones temporales de empleo podría ser mayor ya que el balance de la DGA no incluyen los expedientes que deben presentarse ante el Gobierno central por afectar a centros de trabajo situados en varios comunidades autónomos, como con los aplicados por grandes cadenas comerciales.
El 89,16% de los expedientes que tramita el departamento de Economía, Planificación y Empleo, a través de la dirección general de Trabajo, son considerados por causa de fuerza mayor, es decir, que las suspensiones temporales de contrato y reducciones de jornada tienen como causa directa la pérdida de actividad por el covid-19, incluida la declaración del estado de alarma.
Por sectores, el 80,17% de los que hay en tramitación o ya tramitados en este periodo pertenecen al sector servicios, con 11.201 procedimientos planteados principalmente por empresas de hostelería y comercio. A continuación se sitúa la industria, que acapara el 12,41% de los ERTE (1.734); y la construcción, con el 7,11% (993). Los 44 expedientes restantes (el 0,31%) corresponden al sector agrario.
RETRASO EN EL PAGO DEL PARO
En cuanto a su distribución por provincias, el 72% (10.083) han sido presentados en la provincia de Zaragoza y afectan a 87.325 trabajadores; en Huesca son 2.511 los expedientes temporales en tramitación o ya tramitados con 11.932 afectados; y en Teruel, la cifra asciende a 1.378 ERTE y 7.569 personas.
Para poder hacer frente a la gran cantidad de solicitudes, la DGA incrementó notablemente la plantilla que trabaja en resolverlas, que ha pasado de siete trabajadores antes del inicio de esta crisis a 194 en la actualidad.
El colapso de los servicios de empleo autonómicos y estatales ha sido tal que un buen número de afectados cobrarán el paro con retraso. El Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, está tratando de adelantar y agilizar pagos, aún así todo apunta a que un número de trabajadores aún por concretar tendrán que esperar a junio para percibir la prestación correspondiente al mes de abril.
