El ayuntamiento pedirá al Gobierno de Aragón que la adjudicación de las Viviendas Protegidas Aragonesas de propiedad municipal y en régimen de alquiler no se realice mediante sorteo, tal y como dicta la nueva Ley de VPO, sino que se introduzcan criterios sociales a la hora del reparto. La experiencia adquirida por el equipo técnico de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana (SMRU), que desde 1989 trabaja en programas de vivienda social en alquiler en la ciudad, recomienda la apuesta global ante la necesidad de una vivienda, y no la puramente gestora.

Desde el Ejecutivo autonómico se asegura que esta solicitud está contemplada en la nueva normativa, se tendrá en cuenta y será aceptada.

"Existe una importante carga emocional asociada a estas solicitudes", aseguran desde la SMRU, "muchas veces ligadas a situaciones angustiosas para personas mayores de 65 años sin vivienda o con una en muy malas condiciones, o incluso la necesidad urgente de un piso para jóvenes con niños". Desde la SMRU se insiste en que la vivienda social no está ligada a marginación, sino a ingresos económicos bajos, trabajos precarios y situaciones familiares extremas que pueden, sin embargo, mejorar con el tiempo.

En la actualidad, los archivos de la SMRU suman 1.500 solicitudes en Zaragoza para estas viviendas, de las cuales 500 no cumplieron los requisitos. Por lo que cerca de mil zaragozanos permanecen en espera.

"Pretendemos reforzar el propio concepto de vivienda, como medio que dignifique a los individuos y facilite la cohabitación de la diversidad social", argumentan los técnicos municipales.

Sin embargo, estas particularidades no se tendrían en cuenta con el método de sorteo propuesto en la ley de la DGA. De hecho, el pasado 19 de mayo se realizó el primer sorteo de este tipo para repartir 60 VPO de la SMRU en régimen de alquiler. Entonces, tan sólo se tuvieron en cuenta los requisitos exigidos, como los ingresos mínimos y máximos, la no posesión de fincas urbanas, vehículos de lujo o ahorros bancarios, así como el estar empadronado y residir en Zaragoza con una antigüedad mínima de tres años.

LOS CASOS En el pabellón Príncipe Felipe se vivieron entonces escenas desesperadas y muy desiguales. Divorciadas mayores de 55 años con muy escasos recursos económicos se mezclaban con madres solteras que necesitaban de una vivienda para poder seguir con la custodia de su hija. Ambas tuvieron entonces las mismas posibilidades que, por ejemplo, jóvenes que buscaban emanciparse de sus padres.

Se da la circunstancia que el reglamento del registro único aprobado por la DGA --cuya inscripción es obligatoria para optar a toda VPO-- flexibiliza aún más los requisitos. Así, por ejemplo en el caso del plazo del empadronamiento, éste se ha rebajado a un año, por lo que, previsiblemente, aumentará la población inmigrante que desee uno de estos pisos.

Pero el problema básico de la VPO de alquiler es la falta de oferta. Los promotores privados no son receptivos a edificar este tipo de inmuebles si no es para venta. Así que son las Administraciones quienes tienen la responsabilidad de que existan suelos para este tipo de promociones.