Urbanismo denuncia la ejecución de obras sin licencia en Torre Village

El propio responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha destacado además que “es importante” para el propio ayuntamiento que se denuncien estos hechos “por la responsabilidad patrimonial que se está hablando de pedir” a la ciudad en caso de paralizar los trabajos o, como es el caso, aprobar la suspensión de las licencias que previamente el consistorio le había concedido a Iberebro para las obras. Porque estos trabajos de tabiquería “no vienen amparados en las licencias que les fueron concedidas”. Estos se enmarcan en los que afectan a la futura actividad comercial del futuro outlet de Pikolín, sobre la que debe pronunciarse el Departamento de Economía de la DGA. Y controlar que no se inician hasta que este dé su visto bueno.

Estas obras corresponden a la denominada Manzana M-1, la que albergará las tiendas outlet pero también los cines, por ejemplo. Unos trabajos que en su informe Abadía destaca que “se ha levantado la estructura en un 90%” también. El esqueleto de Torre Village ya luce muy avanzado y esta polémica por la ejecución irregular sin la licencia de la comunidad autónoma estalla el mismo día en el que los servicios jurídicos daban cuenta en la Gerencia de una segunda sentencia en contra de Torre Village. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que respondía al recurso presentado por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos) y que concluía de forma idéntica que el primero, declarando nulo de pleno derecho el plan especial aprobado en el consistorio para levantar el macrooutlet en los antiguos suelos de Pikolín en la carretera de Logroño.

En febrero, la sección número 1 de la Sala de lo Contencioso del TSJA admitió el recurso de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y varios colectivos vecinales y de comerciantes de Las Fuentes y San José, y de partidos como IU, y poco más de un mes después se vuelve a ratificar con los mismos argumentos, el “principio de jerarquía normativa” al saltarse el trámite adecuado que era modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la necesaria regularización de los usos comerciales que se pretenden. Exactamente el mismo argumento que este segundo fallo, adelantado por Heraldo y que llegó ayer a los responsables de Urbanismo.

Desde que se conoció la primera sentencia del TSJA, el equipo de gobierno de la ciudad (que nunca ha ocultado su satisfacción por el dictamen de los jueces) ha querido paralizar las licencias de obra municipales ya cursadas amparándose en el contundente fallo judicial, pero PSOE, PP y Cs han hecho fuerza en sentido contrario, alegando que las resoluciones judiciales estaban sujetas a recurso de casación en el Tribunal Supremo, que los servicios jurídicos “ya están preparando” y que se presentará antes del 9 de abril, fecha límite para hacerlo.

La promotora, Iberebro, lo hará también y se da por hecho que hará lo propio en el caso de la segunda. En la empresa, los fallos judiciales no parecen preocupar demasiado, ya que sus responsables mantienen sus planes de abrir Torre Village en noviembre de este mismo año, coincidiendo con el próximo Black Friday. Y cuenta con el apoyo de los tres partidos de la oposición mencionados, que echaron mano de la mayoría plenaria, en contra de la opinión de ZeC y CHA, para forzar el recurso de casación e instaron a abrir el expediente para la modificación del PGOU. Es decir, PSOE, PP y Cs tienen claro que si la normativa impide edificar el outlet tal y como está diseñado, se cambia la normativa y punto.

Sin embargo, los trabajos que ahora están bajo sospecha no están sujetos a las reglas de juego municipales, sino autonómicas. Las obras de tabiquería y división interna de la manzana M-1 deben contar con una licencia comercial que no ha concedido aún la DGA. De momento los inspectores han levantado acta y documentado su visita con las correspondientes fotografías, a las que ha tenido acceso este diario y que exhibió el propio Abadía en la Gerencia de Urbanismo.

Además, explicó que su informe, aunque se hacen inspecciones de las obras con cierta regularidad, surge a raíz de que la DGA solicitara hace unos días información sobre el estado de las licencias concedidas a Iberrebro en el ayuntamiento, para las obras, urbanísticas y ambientales para la actividad que se pretende. Y que ahora están suspenso su “ejecutividad”, que en base al artículo 20 de la Ley 4/2015 de Comercio de Aragón, impide hacer uso de esas mismas licencias para la actividad, no así para lo que sería la construcción del cajón de hormigón que alojará esos locales o cines. Así que todo ello junto a las irregularidades denunciadas “se pone en conocimiento de la Administración autonómica para que decida cómo actuar”. La ciudad, aseguró, no es la competente para hacerlo.

Muñoz, por su parte, adelantó al PP, PSOE y Cs que no tiene intención alguna de abrir expediente para modificar el PGOU, porque explicó que “eso no es lo que se aprobó en el pleno”, sino “solo instar al Gobierno a hacerlo” y la respuesta de este es “que se desestima esa posibilidad”. Así le respondía al edil del PP Pedro Navarro, el único de los presentes que preguntó por el estado en que se encontraba este trámite. PSOE y Cs no lo hicieron.

Imagen de la manzana M-1 captada por los técnicos municipales el viernes.