La Guardia Civil asegura en su último atestado que mosén Florencio Garcés y una de las últimas detenidas, Lourdes P. M., concertaron una serie de actitudes para dar "una apariencia de realidad" a la descapitalización de las cuentas parroquiales.
Los investigadores recuerdan que en la entrada y registro de la casa del sacerdote se incautaron de diferente documentación, entre ellas, el original que la Agencia Tributaria le habría mandado por fax y en el que se decía que se iba a realizar un pago a otro de los Zapato Veloz arrestados, José Luis Carbonell, con el que podría luego satisfacer su deuda. Un papel que se envió desde un locutorio de la localidad zaragozana de Tarazona.
El dueño de este establecimiento aseguró en una rueda de reconocimiento que fue Lourdes P. M. la persona que lo envió, mientras que ella lo rechazó. Por su parte, el el religioso, que está siendo defendido por los abogados Enrique Trebolle y Antonio Val-Carreres, dijo que no conocía a esta joven.
La Benemérita aporta un estudio de las llamadas recibidas aquel 23 de mayo del 2013 en el que resaltan que la mujer le hizo una llamada antes y otra después de remitir este documento. Para el instructor de estas pesquisas "parece poco casual estas comunicaciones más allá de avisar del envío y luego de comprobar la recepción".
DESPLUMAR AL CURA En este informe se señala que los siete miembros de este clan de etnia gitana llevaron a cabo una extorsión "muy intensa" del sacerdote, de tal manera que respondiendo a su visión cortoplacista decidicieron "desplumar" todos a un tiempo, y lo más rápidamente, a Florencio Garcés.
De ser de otro modo, reconoce la Guardia Civil que pudo haber pasado más desapercibida, si bien decidieron "dejar seca la fuente de donde manaba el dinero" con presiones de fotografías de carácter erótico o llegando a "recibir amenazas verbales y agresiones físicas".
Garcés, que estuvo una semana en la cárcel, abandonó sus laborales pastorales en Borja.
