Los colectivos críticos con el pago del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) anunciaron ayer que emprenderán un nuevo calendario de movilizaciones para protestar por la falta de «voluntad política» por parte del Gobierno de Aragón a la hora de negociar su reforma. En la asamblea de la Red de Agua Pública (RAPA) celebrada ayer en Zaragoza se aprobó «una primera fase» de acciones en la calle destinadas a lograr una reforma de la ley de aguas autonómicas y un costo «razonable» de la depuración.
La primera protesta tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre ante las Cortes de Aragón. Después acudirán el jueves 31 al edificio Pignatelli, sede de la DGA y los días 7 y 8 de noviembre harán lo mismo ante el Ayuntamiento de Zaragoza. «El nuevo consistorio también tiene mucho que decir en defensa de los intereses de los zaragozanos», aseguró el presidente de la RAPA, Enrique Gracia.
Finalmente, tras un periodo de actividades y mesas informativas por los barrios, esperan convocar una gran manifestación el 1 de diciembre por el centro de la capital aragonesa. «La supresión del ICA estaba recogida en el acuerdo de gobierno, por eso se ofreció un tiempo de reflexión, pero como se ha ratificado el cobro del último recibo en Zaragoza nos vemos obligados a salir de nuevo a la calle», indicó Gracia.
Los objetivos concretos son los de reformar el sistema fiscal de la ley de aguas y ríos siendo acorde a las propuestas de la RAPA. «No queremos pagar unos sobrecoste por el agua fruto de una mala gestión y de un sistema privatizador abusivo», insistieron.
Las concentraciones van dirigidas a convencer al Gobierno de Aragón de la necesidad de cambiar de rumbo en el sistema de saneamiento, aunque también quieren que sirva como «toque de atención» al resto de parlamentarios y dirigentes autonómicos. «Queremos que la presión en la calle permita alcanzar una solución satisfactoria para todo el mundo», defienden.
Otro frente conflictivo en la lucha vecinal contra el pago del ICA está en el cobro de los recibos. Los recibos correspondientes al año 2016 que se recurrieron se encuentran en estos momentos en medio de un proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, una respuesta que no descarta repetir para las giradas en el año 2017.
PATADA EN LA ESPINILLA
Hasta que se aplique la reforma que reclama la RAPA piden una moratoria ante los próximos pagos, pero no se muestran confiados en que ese sea el final del proceso. «Cuando se quiere alcanzar un acuerdo no se empieza dando una patada en la espinilla a aquel con el que quieres alcanzar una solución, lo lógico hubiera sido no tramitar el último recibo hasta que se hubiera cambiado el marco actual», dicen.
