Todos los grupos municipales estaban llamados a una reunión, la primera, en la que abordar las medidas a adoptar frente al silencio que mantiene el Gobierno de Aragón sobre la delimitación de las competencias que fija la nueva ley de bases. Convocados por el vicealcalde, Fernando Gimeno, al margen de que nadie del PP acudiera, lo más novedoso de esta primera toma de contacto fue la decisión unánime de reclamar a la DGA que pague por la luz y la limpieza de los colegios públicos. Serían "unos diez o doce millones" que actualmente sufraga el consistorio.
PSOE, CHA e IU reafirmaron su propósito de reclamar para el ayuntamiento todas las competencias que ahora tiene y de acudir al contencioso si, transcurrridos tres meses del escrito en el que se pedía pronunciamiento a la DGA, sigue sin contestar.
