El punto de coordinación de las órdenes de protección es un recurso ofrecido por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) que se encuentra externalizado hasta el día 30. Este servicio garantiza la protección social de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos, y será gestionado desde este jueves de forma directa por el Gobierno de Aragón, «con personal propio, creando nuevas plazas y reforzando así su estructura», según fuentes de la DGA.
Un cambio que ha perjudicado a la empresa zaragozana Océano Atlántico, la actual gestora, ya que según explican sus gerentes, estaban a la espera de la licitación de un nuevo contrato. Indican que con la disolución del servicio, la DGA_hace responsable a la empresa de los despidos. «Tienen pensado contar con una parte del equipo, quieren que les paguemos la indemnización y luego las contratan ellos, quieren funcionalizar el servicio», detallan.
Océano Atlántico asegura que de esta manera les perjudican con más de 60.000 euros de indemninaciones, por lo que consideran necesario que se reconozca la reversión de las trabajadoras. «Entendemos que hay una obligación de la Administración a revertir los contratos que tienen con nosotros las trabajadoras hacia su servicio», comenta Meritxell Laborda. Así, se convierte el actual contrato en uno de tipo público, según apuntan.
Laborda también subraya que su intención es «poder llegar a una negociación», pero aseguran que el IAM no les quiere recibir.
Desde el Instituto indican que ya se ha publicado la convocatoria de las plazas correspondientes. Para la provincia de Zaragoza, una de trabajadora social, una administrativa y otra administradora superior. Mientras que para Huesca y Teruel se establece una plaza de trabajadora social para cada provincia.
«Pasamos así a prestar el servicio de forma directa. Lo hacemos en esta primera fase con la creación de cinco nuevos puestos de trabajo, aunque tenemos la previsión de seguir ampliando el servicio de cara al futuro», señalan.
