El pasado 9 de febrero nadie esperaba que Pedro Santisteve, el alcalde del cambio, fuera a dar un giro tan radical y atrevido que acabaría por detonar una tormenta política sin precedentes que le convertiría en el primer edil reprobado de la historia de Zaragoza. Ese viernes anunció que se cargaba la proporcionalidad de las sociedades de Zaragoza Cultural, Zaragoza Deporte, Zaragoza Vivienda y Ecociudad, expulsando a las formaciones de los consejos de administración, donde ZeC solo respetó un asiento por formación. De esta manera, se adjudicaba a sí mismo la mayoría para controlar el 100% del capital.

Para romper las reglas del juego se amparó en el artículo 14 de la Ley de Capitalidad, pero no supo calcular las consecuencias democráticas que tendría en la casa consistorial. Desde entonces el ayuntamiento se ha convertido en un desgobierno y en la antítesis de la política que reclama la ciudadanía, también la del 15M.

Santisteve se ha mantenido firme en una estrategia política hasta que ha visto que tenía dar otro giro de 180 grados. Un cambio que viene obligado desde el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, acompañado del pistoletazo de salida de la precampaña, en las estrategias cambian.

El 12 de febrero la oposición reaccionó, tras un fin de semana de llamadas y artimañas, y anunció que abandonaba los consejos (el único concejal que tenían) y también los patronatos, que se bloquearon al carecer de quórum.

ZeC tardó cinco días en ejecutar su ansiada maniobra y el 14 de febrero cesó al gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, quien más tarde presentó una querella contra Santisteve y el resto de miembros del Gobierno por un presunto caso de «prevaricación administrativa» que sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza. El 27 también cesaron a la gerente de Zaragoza Cultural, Elena Laseca.

Desde entonces, los informes que han pedido tanto Gobierno y como oposición se han convertido en bolas de granizo que han golpeado a Santisteve directamente. El primero de ellos, redactado por dos catedráticos de Derecho Administrativos de la Facultad de Derecho de la UZ, J. M. Gimeno Feliu y G. García Álvarez, concluyó que ZeC habría incurrido en «fraude de ley» y que la aplicación del artículo era «constitucionalmente discutible».

La oposición actuó y bloqueó en pleno las cuentas de las sociedades para que no se pudiera utilizar su capital. Un acuerdo plenario que el portavoz de ZeC y concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, recurrió en el contencioso-administrativo a principio de mayo pidiendo «amparo judicial». A los pocos días, los 22 concejales de la oposición se personaron en la demanda y aprovecharon para hacerse una foto, la de todos contra ZeC, que ya no se volverá a ver.

DECRETAZO / En ese mismo mes, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, firmó un decreto que daba carpetazo a la declaración de «indisponibilidad» y permitía al gobierno transferir fondos a las sociedades. El interventor afirmó que la oposición tenía derecho a bloquear las cuentas y el secretario, en otro informe, concluyó que el decretazo «no se ajustaba a derecho». También en mayo, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, instó a Santisteve a devolver a «pluralidad» a las sociedades. Entonces, el alcalde ya estaba preparando el escenario. Lo primero que hizo fue plantear a PSOE y CHA un acuerdo de mínimos que le permitiera sacar adelante sus proyectos. y que no frutiferó. «Con condiciones no tendrá nuestro apoyo», respondieron al unísono. Ya en julio, Rivarés decidió someter a votación la disponibilidad de las partidas, sin éxito. Esta maniobra se ha repetido hasta en cuatro ocasiones y solo ha sido en la última, tras la rectificación del alcalde, cuando ha conseguido los apoyos.

En agosto todo empezó a cambiar porque Santisteve sabía que el TC iba a admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el 3 de agosto contra el famoso artículo y que aprobaría la suspensión cautelar, como ocurrió a principio de mes. Así que decidió rendirse y retomar las negociaciones con PSOE y CHA para pactar su vuelta. Así, octubre ha devuelto al ayuntamiento al 8 de febrero, aunque habrá que esperar para ver qué sucede ahora.