El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el expediente de contratación y el gasto plurianual para contratar el servicio de vigilancia y seguridad en órganos judiciales de la Comunidad para el trienio 2021-2023, por un importe de licitación máximo de 4.478.124 euros.
El actual contrato finaliza el próximo 31 de marzo y, por tanto, era necesaria la aprobación de este expediente y su inmediata licitación, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la titular de Presidencia, Mayte Pérez.
El Gobierno de Aragón considera que la seguridad en los edificios judiciales constituye un aspecto fundamental en el funcionamiento cotidiano de la Administración de Justicia, tanto en relación con las propias instalaciones de los órganos judiciales y los medios materiales existente como en lo que se refiere a las personas que, por motivos laborales, profesionales o de servicios acceden a estas instalaciones.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participan en la seguridad activa de los edificios judiciales en virtud de un convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior que se actualiza anualmente.
Sin embargo, esta aportación por parte del Ministerio resulta insuficiente para garantizar la seguridad en todos los edificios, que se resuelve a través de la contratación de vigilancia y seguridad que aportan las empresas privadas.
