El Gobierno de Aragón se atribuye un cumplimiento de hasta el 70% de los objetivos marcados en la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, firmada el 1 de junio, pero resulta difícil, si es posible, certificar la validez de estas cifras. Tres meses y once días después de la firma,Tres meses y once días después representantes de los doce firmantes (los partidos con representación en las Cortes, salvo Vox, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, CEOE, Cepyme, UGT_y CCOO) se reunieron este viernes en el Pignatelli, teóricamente para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos. Pero aparte de un porcentaje de entre el 60% y el 70% de las medidas (lo que supondría hasta 191 de las 273 que incluía, sin contar las reclamaciones al Gobierno central), poco concreto trascendió.
Lo que sí hubo, por parte del representante de la DGA, es un compromiso de publicar la evolución en breve en el portal de transparencia del Ejecutivo autonómico. Este debería reflejar ya el grado de cumplimiento del plan de Gobierno para la legislatura, pero, precisamente por el covid-19, el Consejo de Gobierno acordó en mayo posponer su publicación y fusionarlo con la estrategia, que se convertirá de facto en el plan de Gobierno para la legislatura. En él deberían figurar los puntos del acuerdo cumplidos y su fase de ejecución.
En la reunión, algunos firmantes, como IU, solicitaron estos datos, y Ciudadanos insistió, como ya hizo al poco de firmar la estrategia, en que esta debería ir acompañada de una memoria económica en la que figurase cómo se reparten los fondos dedicados a la misma. Algo que el Gobierno considera que será, en realidad, el presupuesto para el 2021.
EL PP DA «MARGEN»
Pero nadie fue especialmente beligerante con la falta de concreción. Ni siquiera el PP, que habitualmente acusa al Gobierno de «opacidad» en el manejo de fondos desde la firma de la estrategia. Ayer, fuentes del partido se mantenían en «dar un margen de confianza» al Ejecutivo autonómico con el desarrollo de la estrategia. Y todos coincidieron en que los brotes veraniegos habían contribuido a retrasar la aplicación, manteniendo a la comunidad con unas prioridades eminentemente sanitarias cuando se preveía que se pudiera avanzar ya en la recuperación económica. También coincidieron en la necesidad de aclarar ingresos estatales y europeos de cara al desarrollo de las medidas.
Esto no impidió que cada uno dejase claras sus prioridades o reparos. Así, los empresarios insistieron en la necesidad de reforzar la liquidez con líneas de crédito, y mantener los ERTE, aunque esto no dependa del Gobierno de Aragón. Los sindicatos, por su parte, incidieron en la protección de los servicios públicos. Podemos apostó por poner la conciliación como prioridad en todos los frentes y no descuidar el medio ambiente, incluso aprovechar los nuevos problemas de materiales (como las mascarillas desechables) para potenciar la economía circular. E Izquierda Unida volvió a afear que se colasen en los decretos cuestiones ajenas a la estrategia, como la prolongación de autorizaciones ambientales o rebajas de impuestos al juego y grandes superficies, cuando precisamente se acordó que la fiscalidad no se tocaría.
La estrategia aragonesa para la recuperación, como recordó la DGA en un comunicado, se elaboró en seis semanas, que bastaron para fijar las 273 medidas, aunque casi 15 después no basten para evaluar su cumplimiento. El presidente Javier Lambán y los firmantes la destacaron como un «hito» al embarcar a casi todos los agentes políticos y sociales de la comunidad en un proyecto común para intentar recobrar cuanto antes el crecimiento.
LA CIFRA SE MANTIENE EN 500 MILLONES
A falta de detalles de Ejecución, la cifra global de inversión para la estrategia sigue estando en los más de 500 millones de euros que el Gobierno anunció, a finales de junio, que se destinarían específicamente a las medidas contra el virus.
Lo más parecido al detalle estaba en el primer decreto de la pandemia, que aclaraba el destino de unos 356 millones de euros entre avales y créditos (por 83 millones), ayudas a logística (38), inserción laboral (43), infraestructuras viarias (40) o equipamientos sanitarios (57) y educativos (31), aunque no hay detalle de la ejecución de estos proyectos o la recepción de estas ayudas.
También es cierto que algunas medidas son difíciles tanto de cuantificar económicamente como de medir en efectividad, como la agilización de plazos administrativos. Y otras siguen dependiendo para su aplicación de unos inciertos presupuestos del Estado.
