El Tribunal de Cuentas dedica en su Informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2006 y 2007, en el que ha analizado 36 expedientes de contratas tramitados por el Gobierno PSOE-PAR cuyo precio supera los 964 millones, a la adjudicación del servicio de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización mediante depósito en vertedero en la Zona IV de Aragón.
Con un precio de 214,6 millones de euros, fue otorgada a una empresa denominada Residuos Industriales de Zaragoza por la Consejería de Medio Ambiente que entonces dirigía Alfredo Boné. La resolución, firmada por su entonces secretario general técnico, Luis Marruedo, estaba fechada el 22 de mayo del 2007, cuando faltaban cinco días para las elecciones autonómicas y municipales de ese año.
El Tribunal de Cuentas ha detectado en ese expediente, en el que el principio la Fiscalía no percibe indicios delictivos ni una infracción contable, anomalías como la aplicación de unos "criterios especialmente imprecisos" para resolver el concurso, especialmente en el apartado de mejoras para la "valoración técnica del sistema de explotación".
BAREMOS DE VALORACIÓN Por otro lado, el documento concluye que "los baremos para la valoración de los precios de las ofertas establecidos en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas no se aplicaron en toda su extensión sino que, mediante la utilización de diversas fórmulas, se redujeron significativamente los márgenes de las puntuaciones otorgadas entre las ofertas más caras y las más económicas". De esta manera, las segundas quedaban en desventaja.
Por último, el informe del Tribunal de Cuentas indica que, tal y como había ocurrido en la mayoría de los expedientes del Plan de Depuración, en este caso "los licitadores no fueron invitados a exponer observaciones o reservas a la propuesta de adjudicación".
