Endesa cortó ayer por lo sano con cualquier hálito de esperanza u optimismo que aún podía quedar en las comarcas mineras. Durante una reunión mantenida en la sede de la DGA con la consejera de Economía, Marta Gastón, la eléctrica volvió a descartar la posibilidad de alargar la vida útil de la térmica de Andorra más allá de junio del 2020 y, además, dejó claro que no piensa construir en los terrenos de la central ni una planta termosolar ni una de biomasa. Los sindicatos habían apostado por ambas instalaciones como alternativa para mitigar lo máximo posible el cierre de la térmica, pero Endesa les volvió a cerrar ayer la puerta.
«Nos han dicho que estas iniciativas las consideran inviables sin ayudas adicionales», dijo ayer Gastón tras reunirse con el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, y otros representantes de la empresa procedentes de Madrid.
Los sindicatos habían apostado por la biomasa y la termosolar porque las plantas que producen electricidad con estas energías son intensivas en mano de obra, al contrario de lo que ocurre con la fotovoltaica, que es precisamente la instalación que prevé levantar Endesa en Andorra.
«Sus nuevas negativas ya no nos sorprenden, porque tenemos claro que no tiene ningún compromiso con el territorio», criticó ayer Alejo Galve (UGT), que apuntó que Endesa «vuelve a reírse de todos nosotros».
Por si esto fuera poco, la eléctrica supeditó ayer la formación y la contratación de los trabajadores de las subcontratas de la central a que el Ministerio de Energía les adjudique de forma directa los 1.000 megavatios de energías fotovoltaicas que quedará disponibles cuando la térmica eche el cierre en junio del 2020. Estos empleados de las subcontratas se encargarían de los trabajos de desmantelamiento y de la instalación de la planta fotovoltaica que pretende levantar Endesa, unas obras que durarían entre 4 y 6 años y que generarían de media 130 empleos con puntas de 200.
La condición planteada por Endesa choca frontalmente con la alegación que presentó la DGA al anteproyecto de ley de cambio climático del Ejecutivo central. La DGA exige que esa subasta se abra a posibles empresas aragonesas que estén interesadas, posición que no van a variar. «Somos partidarios de que cualquier interesado en esos 1.000 megavatios disponibles en Andorra no sean concedidos directamente a Endesa. Cualquiera debería, en condiciones de igualdad, poder acceder a ellos», dijo Gastón.
La DGA y los agentes del sector en las cuencas mineras también plantearon en su día un hub de innovacion y energía con sede permanente en Andorra para mitigar la pérdida de empleo. Un proyecto en el que Endesa habría colaborado en materia de formación. «No han dicho que quedan abiertos a nuevas colaboraciones pero ahora tienen claro que en materia formativa se centrarán en su propia actividad fotovoltaica futura», dijo Gastón.
