Atemorizado, acosado permanentemente, asustado y desposeído de sus competencias por parte del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) como gerente de la sociedad Ecociudad. Estos son algunos de los adjetivos que utilizó ayer Miguel Ángel Portero durante su comparecencia en la comisión de investigación de Ecociudad. Según las fuentes consultadas presentes en la sesión, durante las casi cinco horas en las que ofreció todas las explicaciones solicitadas por los grupos municipales, Portero reiteró que la intención del Gobierno de Pedro Santisteve no ha sido otra que la de forzar su cese «por agotamiento» o de forma «torticera» mediante una denuncia presentada ante la Fiscalía y que acabó archivada por el juez.

El actual gerente, siempre según las fuentes consultadas, confesó sentirse «rehén de sí mismo» y temer padecer el «síndrome de Estocolmo» ante el ataque constante por parte del Gobierno ZeC ya que denunció su supuesta mala praxis ante el Observatorio de las Contratas, el Justicia de Aragón y solicitó una auditoría sobre su gestión en las depuradoras de La Almozara y La Cartuja, además de acudir a Fiscalía.

Portero informó que la vicepresidenta de la sociedad, Teresa Artigas, le instó a jubilarse en el primer encuentro que mantuvieron tras llegar Santisteve a la alcaldía, algo que se negó a hacer, declaró. Además, el propio alcalde, junto al concejal Alberto Cubero y Artigas, le advirtió que «o era leal o iba a la Fiscalía», explicó, según las mismas fuentes.

Durante su comparecencia desmintió los argumentos esgrimidos por el propio Santisteve en su propuesta de cese, que acabó siendo retirada ante la falta de apoyos en el consejo de admisnitración. Entre otras cosas, explicó que cuando la empresa Drace asumió la planta de La Almozara se constató que la vida útil de las máquinas superaba el 50% de la establecida. En consecuencia, se optó y aprobó -haciendo uso de sus competencias, matizó- destinar los 211.000 euros que la contrata se había comprometido a invertir en mejoras para reparar los daños presentes en la maquinaria. Nunca se modificó el contrato, señaló.

Admitió que había habido retrasos en la redacción de los nuevos pliegos pero, puntualizó, se debió a la sobrecarga de trabajo exigida ya que, en paralelo y con un personal muy limitado, realizaron varios informes económicos, jurídicos y técnicos sobre la municipalización. Portero aseguró que no se ha actuado en contra del proceso, algo que queda constatado en los informes.

Ayer confesó la existencia de una auditoría, encargada por el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, y otra de Infraestructuras, que no han trasladado al Consejo de Administración. Hecho por el que el PSOE solicitó la comparecencia de Muñoz y de José Ramón Entralgo.