a gestión de la dependencia ha enfrentado hoy en el pleno de las Cortes de Aragón al equipo de Gobierno y al grupo del PP en la oposición, con una guerra cifras sobre el número de beneficiarios, las listas de espera y recursos destinados a esta parcela.
El debate se ha originado a partir de una interpelación hecha por la diputada del PP Ana Marín para criticar la gestión del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en torno a la dependencia y responsabilizar a su titular, María Victoria Broto, de priorizar las prestaciones sobre los servicios.
En su intervención, la parlamentaria popular ha comentado que la mayor prioridad dada a las prestaciones, catalogadas en la Ley de Dependencia como de carácter excepcional frente a los servicios, ha provocado una disminución de los recursos derivados desde la Administración central.
"Perdemos dinero por su mala gestión y por no cumplir con la Ley de Dependencia", ha destacado Marín, quien ha criticado el detraimiento de recursos para este fin, entre ellos 10,5 millones de euros a través de una modificación de créditos en 2016 y cantidades sin ejecutar con cargo a los presupuestos de 2017.
Ha añadido que la "mala gestión" ha propiciado la existencia de una lista de 7.717 personas a la espera de recibir las ayudas a la dependencia.
La parlamentaria ha destacado, además, que mientras la media estatal de solicitudes a la espera de valoración en torno a la dependencia se sitúa en el 7 por ciento, en Aragón esta lista llega al 14 por ciento.
A este respecto, ha responsabilizado a la consejera de no incluir en la lista de espera a las 6.900 personas pendientes de valorar para "maquillar" las cifras, y de favorecer una reducción de los servicios de asistencia a domicilio o de teleasistencia.
En respuesta a estas críticas, las consejera ha destacado que en el mes de mayo recién cumplido, el número de dependientes atendidos en Aragón ascendía a 26.706, con catorce nuevas incorporaciones diarias al servicio.
Broto ha reprochado al PP de haber asumido el anterior mandato con 24.000 dependientes atendidos y reducirlo a lo largo de la legislatura hasta 16.000, a un ritmo diario de pérdida de 5 usuarios.
Ha resaltado, además, el "gran esfuerzo" hecho por el actual Gobierno autónomo en torno a una ley sobre la que la anterior presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, ha añadido, "dijo que era bienintencionada pero inaplicable".
La consejera ha defendido, además, que su departamento ha priorizado los servicios sobre las prestaciones, con un peso actual del 60 y el 40 por ciento sobre los recursos disponibles, respectivamente.
Ha responsabilizado, además, al PP de no poner en marcha los servicios de teleasistencia, asistencia a domicilio y de autonomía personal, que en la actualidad, ha destacado, atienden a miles de personas en la Comunidad
Por otra parte, la diputada de Podemos Marta Prades ha interpelado a la consejera de Economía y Empleo, Marta Gastón, para conocer las gestiones llevadas a cabo por su departamento para garantizar la continuidad del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), dotado con 60 millones aportados a partes iguales por los gobiernos central y autonómico.
En su intervención ha criticado las demoras acumuladas en la aprobación de los convenios anuales y la "incertidumbre" existente en torno a su continuidad.
También ha lamentado el "agravio comparativo" que ha supuesto la exclusión de Teruel de los Fondos Estructurales europeos y la "compensación" hecha a través del FITE.
En relación a este punto, ha destacado que desde su puesta en marcha en 1992, Teruel ha recibido un total de 1.064 millones de euros, frente a los 1.696 obtenidos en el mismo tiempo por las provincias de la Comunidad Valenciana o los 1.954 de las extremeñas.
Una situación de "desigualdad", ha subrayado, que ha situado a Teruel en el "furgón de cola" de las inversiones y que exige un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.
En respuesta a la interpelación, Gastón ha destacado que el Gobierno aragonés "seguirá firme" en su defensa de un mejor modelo de financiación para el conjunto de la Comunidad, pero ha señalado que mientras tanto el FITE es una "compensación de justicia" en la que están comprometidas ambas administraciones.
Ha admitido la existencia de retrasos en la firma del convenio del FITE, pero ha subrayado a renglón seguido que en ningún momento "se vivió el riesgo de su posible pérdida".
La consejera ha comentado que en 2012 se firmó un protocolo que comprometía a las partes a firmar el convenio durante los próximos 5 años, plazo que al vencer provocó retrasos en la anualidad de 2017 hasta que se decidió su tramitación a través de la Comisión Bilateral Aragón-Estado.
