El magistrado instructor del caso Plaza imputó ayer a dos personas más dentro de la investigación por presunta malversación de 50 millones de euros de dinero público durante las obras de urbanización de la plataforma logística de Zaragoza. Las dos imputaciones corresponden a los socios de la empresa Hernández Langa, que hicieron varias reformas en las propiedades de la familia de Ricardo García Becerril, gerente de la plataforma logística e imputado junto a sus dos hijas por este mismo caso. E
En concreto, los dos imputados son Francisco Hernández Fuertes y María del Carmen Blasa Castillo Arévalo, quienes están citados para declarar el próximo día 21 por un delito de malversación. Con estos dos nuevos encartados, ya son diez las personas que el juez ha llamado como imputados en este proceso, que se inició el pasado mes de agosto. Junto a ellos, también está citada para declarar, en calidad de testigo, la decoradora Ana Isabel Colás, quien se encargó de algunos trabajos en la vivienda de los García Becerril en San Mateo de Gállego y en su chalet de Salou, donde fue detenido precisamente el pasado mes de agosto.
Por otro lado, el consejo de dirección de UPD en Madrid, por indicación del Consejo Territorial de Aragón encabezado por Carlos Aparicio, ha decidido presentarse como acusación popular en la causa abierta por las obras de Caladero, derivada del caso Plaza. Para ello se han otorgado poderes a la abogada zaragozana Irene Romea Anadón, para que comparezca en todas las causas que tengan su origen en la presunta corrupción surgida en la Plataforma Logística de Zaragoza.
Este partido tiene por costumbre personarse como acusación personal en todos aquellos casos donde se ha empleado de forma fraudulenta el dinero público. De hecho, está personado actualmente en varias causas en toda España por este motivo.
