La Justicia ha vuelto a pronunciarse sobre la batalla emprendida por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para conseguir la titularidad de La Seo, La Magdalena, Santiago Apóstol y San Juan de los Panetes. El último varapalo que suma a la lista viene del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, que ha estimado el recurso interpuesto por el Arzobispado y por el que solicita la nulidad de los dos acuerdos de Gobierno que declaraban de dominio público estos templos. La sentencia llega después de que en marzo la Dirección General de Patrimonio del Gobierno central confirmara que La Seo, La Magdalena y Santiago Apóstol son del Arzobispado de Zaragoza, mientras que San Juan de Los Panetes es de la Administración General del Estado.
La magistrada esgrime que los acuerdos relacionados con la defensa de los bienes y derechos públicos deben tomarse siempre y cuando haya un «dictamen previo del secretario o, en su defecto, de la asesoría jurídica o el letrado».
Esto no sucedió ni el 27 ni el 31 de marzo del 2017, cuando el Gobierno de Pedro Santisteve acordó iniciar las «acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral» en las cuatro iglesias.
Según la jueza, este informe es esencial para que las decisiones que se adopten se hagan «en pleno conocimiento de causa». A su juicio, no contar con «una previa opinión experta en derecho» hace más fácil que se inicie un «pleito irreflexivamente o sin conocimiento». Añade que con un documento se evita que se inicie un proceso -judicial- sin estar legitimado o sin un mínimo de asesoramiento que permita disponer de elementos técnicos suficiente para adoptar la decisión.
Por todo ello, la magistrada considera que los acuerdos son «nulos» al haberse aprobado sin los «elementos de juicio necesarios para una valoración justa y acertada». «La carencia de ese informe preceptivo comporta la nulidad del acuerdo adoptado», precisa. Recuerda en su sentencia que Patrimonio ya confirmó la titularidad de las iglesias. Para la magistrada, esta conclusión evidencia el «desconocimiento» de Santisteve y su equipo a la hora de interponer acciones judiciales por la ausencia de un informe previo que les permitiese tomar la decisión de manera «reflexiva» ya que, en ese caso, habrían sabido si el consistorio ostentaba algún derecho.
El consistorio tiene ahora cuatro días para decidir si recurre la sentencia del juzgado y sigue con su plan. El portavoz del PP, Jorge Azcón, que no tardó en reaccionar, calificó de «ridícula» la actuación de Santisteve.
