El presidente de la DGA, Javier Lambán, advirtió ayer al Gobierno central de que «Aragón no generará tensiones ni pulsos», pero ejercitará «la defensa más firme de los aragoneses y un trato justo» frente a lo que reciban otras comunidades autónomas. Para ello exigirá «el cumplimiento del Estatuto de Autonomía», en todas sus vertientes, incluida la reclamación «de las 22 competencias que nos faltan» por transferir.

De hecho, confió en que «las instituciones aragonesas», también las Cortes y el Justicia, «recurrirán a todos los instrumentos legales disponibles, como el conflicto de competencias o el recurso de inconstitucionalidad», si consideran vulnerado el Estatuto o la Constitución,

PESIMISMO

Así se expresó Lambán en la comparecencia que, a petición propia, realizó este lunes en el primer pleno del año en las Cortes de Aragón, sobre la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno central. Una intervención que estuvo claramente dividida entre el posicionamiento inicial, acordado con el cuatripartito, según admitió el presidente, y su réplica a los grupos, donde estuvo más personal. En ella admitió ser «pesimista» respecto al futuro de España y se conformó con «estropearla lo menos posible», lamentando la dependencia «de los separatistas» para la investidura.

A este respecto, Lambán respondió a las críticas por su reciente silencio ante ERC explicando que dejó de dar su opinión cuando vio que era inútil y que solo servía «de arma para la oposición». Y lamentó la «anomalía» de tener que recurrir al apoyo de «nacionalistas, cuyos líderes están en la cárcel por malversación», que vinculó a la incapacidad de los «constitucionalistas» de ponerse de acuerdo para aislarlos y la «fascinación» de la izquierda por los nacionalismos, «por naturaleza reaccionarios».

Aun así, se congratuló de que haya habido un «desbloqueo» en la situación política, y habló de «cuatro grandes aspiraciones» en su relación con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos: la «lealtad recíproca», el cumplimiento del Estatuto, el respeto a la Constitución y evitar la «política frentista».

Con cierta ironía, el presidente de la DGA afirmó que es «optimsta» con los compromisos que el presidente Sánchez ha alcanzado para ampliar el Estatuto de algunas comunidades, porque eso sítúa a Aragón «en perfectas condiciones para exigir lo mismo, ni más ni menos que los demás». En este punto enumeró las reclamaciones de infraestructuras, financiación bilateral o deuda histórica, para lo que ya ha iniciado los contactos con los responsables ministeriales.

Los grupos del cuatripartito (PSOE, Podemos-Equo, CHA y PAR) estuvieron en sintonía con Lambán. Aunque Nacho Escartín, por parte de Podemos, se salió un poco del cauce lambanista al apostar por un «país de países» mediante el diálogo. CHA, a través de Joaquín Palacín, incidió en que el Gobierno central había restado «demasiadas cosas» a la autonomía, por la casi derogada ley de derechos históricos.

La oposición, por contra, alertó del «serio peligro» para Aragón que suponen los pactos de Pedro Sánchez en su «alocada carrera hacia la Moncloa», en palabras de Santiago Morón, de Vox. Daniel Pérez Calvo, de Ciudadanos, ofreció apoyo ante un presidente que «no le dice la verdad ni al médico», y Luis María Beamonte, presidente del PP, calificó de «caos deshonroso» el pacto, además de vaticinar que «la financiación autonómica va a ser la gran mentira de este mandato».

ASFIXIA

Al respecto, Lambán admitió que la prioridad es que esta se reforme, para evitar la «asfixia» que sufren las autonomías. Por lo mismo, avanzó que recurrirán a los tribunales si el Gobierno se niega a abonar el mes de IVA pendiente del 2017 por pasarse el plazo de dos años, porque «ese dinero es nuestro».

ENMIENDAS 'ANTISÁNCHEZ'

Los grupos del cuatripartito e IU rechazaron este lunes las tres mociones presentadas por los grupos de la oposición que, con diversas fórmulas, pretendían que las Cortes de Aragón censuraran los acuerdos que han llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa. Unas proposiciones no de ley que, como reconoció la portavoz popular Mar Vaquero, buscan hacer a los partidos «retratarse» en su posición política, pero en la que estos se negaron a entrar, logrando incluso sosegar el debate.

Este empezó fuerte con Vaquero, que se dirigió en exclusiva al PSOE al considerar que del resto de grupos, «unos son antistema, otros son residuales y renuncian a sus principios y otros comparten con Sánchez la mentira y el interés propio». Al PSOE le retó a aclarar si «sienten como propio el acuerdo del presidente con los independentistas y con los herederos políticos de los que asesinaron a Giménez Abad y a Gregorio Ordóñez».

La representante de Vox, Marta Fernández, no le andó a la zaga y recomendó «seguir a Lambán mejor que a Sánchez», tras su intervención matutina. Acusó a este de ser «muleta de comunistas, separatistas, filoterroristas y lo que haga falta».

Daniel Pérez Calvo fue más conciliador, y su enmienda era más moderada, pero se negó a descafeinarla con la propuesta de enmienda del cuatripartito, que se ceñía a una defensa de la Constitución y el autogobierno. Ciudadanos quería una crítica expresa a la negociación bilateral con Cataluña.

Los grupos del cuatripartito sosegaron el tono y se negaron a entrar en un debate «que pretende deslegitimar el Gobierno» y crear «confusión», como les reprochó Darío Villagrasa, del PSOE. Álvaro Sanz, de IU, se congratuló de que las enmiendas decayesen el mismo día del aniversario de la liberación de Auschwitz por los soviéticos.