«Los monopolios y oligopolios están ahogando a las pymes»

-¿Por qué nace esta plataforma?

-Nace del contacto de una serie de organizaciones empresariales y personas. Desde hace dos años nos venimos reuniendo una vez al mes y ha llegado un momento en el que hemos decidido establecer una nueva organización empresarial, no al amparo de la legislación laboral, con lo que cual no pretendemos negociar sobre los convenios colectivos. Surge de la reflexión de que hay que impulsar un nuevo modelo productivo a la vista de los grandes problemas que tienen las economías avanzadas, tanto de endeudamiento como de falta de productividad.

-¿La defensa de las pymes no está bien cubierta por Cepyme?

-Queremos huir del enfrentamiento. Lo de contraponer modelos y organizaciones es un esquema de antaño. Cepyme está en el paraguas de CEOE. Mis empresas pagan cuotas de CEOE, he sido dirigente de organizaciones sectoriales de CEOE y continúo estando en órganos de gobierno de esta patronal. Le tengo y le tendré cariño. Plataforma Pymes tiene unos intereses a defender muy concretos que quizá en otras organizaciones se pueden diluir por su tamaño y dimensión.

-¿Cuáles son esas inquietudes?

-Pensamos que se está hablando poco de la mejora de la productividad de la economía, algo para lo que es necesario promover las pymes, como dicen también organismos económicos internacionales. Venimos de 50 años de un capitalismo clientelar, frentista y extractivo. Por ello, defendemos un capitalismo inclusivo en una economía de libre mercado, social y donde no haya posiciones de dominio.

-¿Qué principios defienden?

-Vemos que cada vez hay más posiciones de dominio, con empresas con posiciones de privilegio a la hora de fijar precios y rentas excesivas que suponen mayores costes para todos aquellos insumos con los cuales las pymes luego producen bienes. Hay que eliminar los oligopolios y monopolios. Ahogan a las pymes. Tiene que haber igualdad de oportunidades para todos, incluidas las pymes, lo que mejoraría a corto plazo la productividad y el crecimiento, así como la redistribución de rentas y en busca del interés general de la economía. Son disquisiciones filosóficas que defienden el FMI, la Comisión Europea o el BCE, pero lo hacen de modo doctrinal. Ha llegado el momento de pasar de la doctrina a la práctica.

-¿A qué monopolios y oligopolios se refiere?

- Son una nueva versión de las grandes empresas. Todos sabemos en que sectores se dan posiciones de dominio en España, Europa y en todo el mundo: en el sistema financiero, la distribución de redes energéticas, los seguros... Pretender resolver este problema solo en el ámbito nacional es imposible. Es un problema supraestatal y que va a más.

-¿Cómo van a empujar sus reivindicaciones?

-A lo largo del próximo año nos vamos a reunir con 500 líderes de opinión, think-thank, economistas, políticos... tanto de España como a nivel europeo. Somos modestos y humildes. Es ilusorio pensar que nuestra organización va a conseguir los cambios que propone, pero queríamos ejercer nuestra responsabilidad en el ámbito que nos toca. Lo novedoso es que empresarios que no solo se dedican a filosofar, sino que estamos en nuestra actividad empresarial diariamente, empezamos a hablar de cosas que hasta ahora resultaba extraño que lo hiciéramos. Hemos identificado una serie de organizaciones empresariales que pueden participar de nuestros principios. A final del 2019 haremos una valoración de todo este proceso. Evidentemente en este periodo nuestra idea es comparecer en todos los procesos legislativos que a nivel español y europeo se vayan produciendo.

-¿Qué retos tienen las pymes?

-La mejora de la productividad, lo que requiere facturar más sin incrementar costes. El beneficio de las pymes y autónomos son ahora muy reducidos. Si fueran mayores habría una redistribución de rentas y una mejora de la economía y de la sociedad. Una gran lacra de la productividad es el exceso de regulación.

-¿En qué postulados se diferencian de CEOE?

-En materia de fiscalidad. En el impuesto de sociedades, planteamos que el resultado contable coincida con la base imponible. Que los beneficios no distribuidos, que es como muchas veces actúan las pymes, tengan un tratamiento fiscal distinto. Y que las cotizaciones a la Seguridad Social sean un impuesto sobre nóminas, es decir, que el salario fiscal coincida con las bases de las cotizaciones.

-¿Qué implantación tiene este movimiento en Aragón?

-En estos momentos no hay ninguna organización o empresa que se haya sumado al proyecto. Tampoco las asociaciones de la construcción para no crear malos entendidos. En nuestro caso, es más importante el contenido que el continente. Queremos que nuestras ideas se extiendan y sean defendidas por más empresarios, incluso haciendo lobi.

-¿Cómo valora la acción política del Gobierno de Sánchez?

-España tiene una parte de su soberanía económica cedida como consecuencia del rescate bancario. El Gobierno está muy condicionado por esos compromisos. La magnitud de las reformas estructurales que hay realizar es de tal calibre que se precisan mayorías cualificadas, algo que es muy complicado ahora en toda la Unión Europea.

-¿Cómo ve Aragón?

-Tenemos problemas que abordar: envejecimiento de la población, dispersión geográfica... Lo único que funciona en la UE son las 25-30 grandes áreas metropolitanas y Aragón no está en ninguna de ellas. La reforma del sistema de financiación autonómica puede traer problemas. También hay riesgos para el sistema financiero privado de la comunidad (Ibercaja), que es una de las pocas que ha conservado y pueden tener otras consideraciones si hay cambios accionariales forzados por la normativa. Debemos ser más productivos y competitivos, y más rigurosos en el análisis de los problemas.

-¿Las heridas del sector de la construcción han cicatrizado?

-El tiempo casi todo lo cura, pero este es uno de los sectores, junto con el de renta variable, más vinculados a la política monetaria, que con los bajos tipos de interés muchas veces adultera la realidad. Conforme desaparezcan los estímulos monetarios se hará más necesario acometer reformas que contribuyan a reducir los costes de producción de la vivienda para poder vender a precios asequibles para las rentas medias de la ciudadanía.