Los presidentes de las audiencias propusieron al Consejo General del Poder Judicial algunas medidas para evitar que la renuncia al abogado por parte del acusado pueda ser utilizada como un método picaresco para atrasar un juicio, algo que causa molestias a las víctimas y distorsiona el trabajo del tribunal. Sugieren que la renuncia solo sea posible en los cinco días siguientes al escrito de acusación en un sumario o al señalamiento en un procedimiento abreviado.
