Hace 365 días el mundo se paró. Y un año después, nadie sabe ni se atreve a pronosticar si alguna vez volverá a girar como lo hacía antes de que ese desconocido virus, el llamado covid-19, lo cambiara todo. Como en las grandes ocasiones o tragedias, todos los españoles recordarán qué estaban haciendo aquel 14 de marzo cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció en una esperada comparecencia pública que decretaba el estado de alarma para tratar de atajar el avance de la pandemia en el país.
La decisión llegaba tarde, claro, aunque entonces tampoco se sabía. Con Italia cerrada a cal y canto desde hacía varias semanas y viendo desde enero las imágenes fantasmagóricas de ciudades chinas, ni siquiera los epidemiólogos más avezados vislumbraban la que se nos venía encima. Las primeras entrevistas publicadas en EL PERIÓDICO a expertos hablaban de confinamientos de quince días, y «algún susto» en forma de varios casos. Más de 3.370 aragoneses han fallecido desde entonces y más de 110.000 se han contagiado en las cuatro olas que por ahora ha padecido la comunidad. Por fin, la esperanza de la vacunación ha inmunizado ya a más de 57.000 personas en la comunidad autónoma.
Con el decreto del estado de alarma, reservado antes para circunstancias muy excepcionales, el Gobierno de España asumió el «mando único», centralizado en Sánchez y varios ministros, despojando en la práctica de cualquier capacidad de actuación a los gobiernos autonómicos. Entonces, cuando el mundo vivía asombrado lo que ocurría a través de las pantallas, se instauraron las videoconferencias de presidentes de los domingos, para trabajar en la cogobernanza ansiada por unos y manoseada de tanto decirla por otros. Ante la incertidumbre, había que mostrar unidad. Frente a la tragedia de la muerte y de la escasez de materiales de protección, que condenaba al contagio a centenares de sanitarios, los políticos ensayaban la tan denostada cooperación entre instituciones.
En esos dos primeros meses, la industria y la construcción pararon, se vaciaron las calles, los colegios, los bares y los comercios. Se llenaron las casas, se instauró el teletrabajo a marchas forzadas --con más voluntad que medios-- y los profesionales de la salud se desgañitaban por unos materiales de protección que no llegaron en suficientes cantidades hasta bien entrado el mes de abril. Tampoco los test diagnósticos.
Así las cosas, y dado el escaso margen de actuación autonómico entonces, en Aragón, el Gobierno cuatripartito puso el presupuesto del 2020 «a disposición del virus».
Casi consenso
El presidente, Javier Lambán, inició los contactos para pergeñar un pacto lo más amplio posible de modo que en una época trágica la política fuera una preocupación menos para los aragoneses. Casi lo consiguió. Hasta Vox iba a firmar la Estrategia de Recuperación Social y Económica, junto a los otros siete partidos con representación parlamentaria, los principales sindicatos y organizaciones empresariales, y la federación de municipios, pero una llamada de Madrid truncó la foto de consenso. La extrema derecha se quedó, una vez más, extremadamente fuera.
Un año después, el Ejecutivo aragonés defiende que se ha cumplido ya un 85% de esa estrategia, mientras el principal partido de la oposición, el PP, ha pedido en varias ocasiones que se revise para dar respuesta a las necesidades surgidas durante las posteriores olas del coronavirus. Es una de las pocas voces discordantes, junto a la de Vox, en un Parlamento que parece una balsa de aceite comparado con otras sedes de la soberanía popular en España. Los cuatro socios: PSOE, Podemos, PAR y CHA, exhiben cohesión, salvo en contadas ocasiones. Ciudadanos continúa entregado a la «política útil» de apoyarles siempre, y el único diputado de Izquierda Unida suele sumarse a la mayoría progresista de la Cámara.
Con la desescalada, Aragón recuperó el mando, y el presidente aragonés no ha perdido ni una sola ocasión para hacer gala de la importancia del autogobierno y recalcar que han sido las autonomías las que han llevado el peso de la pandemia desde el mes de junio. Sutil reproche a su jefe de filas, Pedro Sánchez, que ni apareció en aquel fatídico mes de agosto para Aragón, donde la comunidad copaba portadas y sufría con las ucis al 100% mientras el resto del país seguía de vacaciones.
Superada la tercera ola y a las puertas de la cuarta postnavideña, Aragón aprobó el presupuesto más alto de su historia y con el apoyo político de seis de los ocho grupos parlamentarios.
El agujero de la economía
Pese a todo, no ha sido un año de paz social. Casi cada semana las calles aragonesas han acogido las protestas de un sector u otro. La crisis del coronavirus ha dejado heridas abiertas en toda la sociedad. Y, paradójicamente, en este tiempo de limitación de libertades y de movimientos, en estos meses de distancia de seguridad y mascarilla, las protestas sociales han reclamado su espacio. Desde las de los sanitarios, hasta las más recientes de los empresarios y vecinos de los valles pirenaicos clamando contra un cierre que nadie que viva de la nieve ha podido entender.
Se cumple una vuelta al sol desde que España perdiera su esencia. La del roce, los achuchones, la de la barra del bar y las cenas a deshora. Un año sin rompida de hora multitudinaria, ni San Jorge, ni fiestas de la Vaquilla, San Lorenzo o el Pilar. La de la libertad que algunos se quieren apropiar y que reside en las pequeñas cosas. Como poder salir a un paseo, tomar un café con el grupo de amigos, festejar una celebración familiar o respirar aire limpio en una caminata a cientos de kilómetros de casa.
Esta vuelta al sol ha cambiado a España y a Aragón. La luz está al final del túnel, dicen ahora los políticos y los epidemiólogos. Vacuna es el nombre de la esperanza social y económica que asoma tímidamente. Pero la luz que no cabe olvidar es la de aquellos que partieron por este maldito bicho.
