Solo una «reforma profunda» de su marco legislativo y competencial dotará a los municipios aragoneses de la autonomía funcional y financiera que precisan para prestar un servicio eficiente a sus habitantes. Este fue el mensaje clave que el experto Rafael Jiménez Asensio, abogado de Derecho Público, lanzó ante los más de 200 representantes políticos reunidos el pasado miércoles en la Residencia Pignatelli de Zaragoza, donde se celebraron actos conmemorativos de los 40 años de existencia de las corporaciones locales democráticas.
Esta puesta al día de la Administración local, advirtió Jiménez Asensio, resulta de gran importancia en un mundo en el que la realidad cambia «de forma acelerada» y en el que los problemas del envejecimiento y la despoblación afectan gravemente a un medio rural «atomizado» y con una acusada debilidad competencial. Estas tendencias demográficas, predijo, lejos de remitir, «irán a más».
Por ello, en la senda de la puesta al día de los entes locales, un paso será dotarlos de leyes integrales que compaginen sus competencias y marco jurídico con la financiación. Es decir, que refuercen su doble vertiente de organismos administrativos y centros de poder político. De hecho, la queja eterna de alcaldes y concejales es que, a menudo, las medidas que deben aplicar, derivadas de normativas estatales, no cuentan con su correspondiente dotación presupuestaria.
DEBILIDAD INTRÍNSECA
Hasta la llegada de la democracia en la década de los 70 del pasado siglo, el panorama existente era el de un sistema de gobierno local «débil y tutelado». Claro que la legislación que se puso en pie durante la Transición, en particular la ley reguladora de las Bases del Régimen Local (1985), ha quedado «obsoleta» más de tres décadas después. Y, además, ha derivado en «un modelo de competencias locales vulnerable y con escasas garantías». En este sentido, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del 2013, supuso un intento para liberar a los ayuntamientos de las inercias y limitaciones que han heredado, en particular «el mal alineamiento entre política y gestión». Pero, según Jiménez Asensio, tampoco es la solución, pues las competencias municipales aparecen «muy mal reguladas» y los consistorios deben, preceptivamente, solicitar informes a los órganos jerárquicamente superiores para poder ejercer determinadas potestades.
El hecho es que el sistema de financiación actual «se basa en un débil principio de suficiencia financiera» que el Estado tampoco ayuda a remediar, dado que sus aportaciones solo representan el 14%, una situación económica que, según el experto, que es también consultor institucional, «no es de recibo».
DIPUTACIONES Y COMARCAS
El abogado de Derecho Público elogió el positivo papel desempeñado por las diputaciones. Aseguró que estas hacen posible la gestión de municipios que, por su pequeño tamaño y escasez de recursos, no pueden subvenir a las necesidades básicas de sus vecinos.
Las mancomunidades, añadió, constituyen otra fórmula «óptima» para resolver los problemas, aunque adolecen de una regulación «obsoleta». En este marco, continuó, las comarcas no solo presentan una implantación muy desigual, sino que, además, «distan de un rendimiento institucional óptimo». Ante este panorama, el técnico apostó por la modernización y formación continuada de la maquinaria burocrática de los ayuntamientos.
Con respecto a los retos para la próxima legislatura, más allá del cortoplacismo electoral, Jiménez Asensio se pronunció por la reforma del marco normativo, la plena implantación de la Administración digital y la aplicación de los principios de transparencia y de buena gobernanza. E hizo hincapié en la creación de servicios administrativos comunes (backoffice) y en la participación activa de los ciudadanos.
Al margen de las carencias, el experto reconoció la positiva evolución de los pueblos y ciudades de Aragón, que han alcanzado un elevado grado de desarrollo en el curso de los últimos 40 años.
