«No se pude vivir en un edificio donde la mitad de los pisos están okupados, en el que hay redadas continuamente, peleas y se vende droga». Lo dice una de las vecinas del edificio de la calle Carmen Serna 14 del zaragozano barrio de La Jota, que lleva desde el 2006 pidiendo soluciones ante la Justicia «que no llegan». Este es solo uno de los bloques que se han usurpado en la capital aragonesa donde la cifra, lejos de disminuir, sigue in crescendo.
No hay estadísticas oficiales sobre el número de pisos okupados. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en Aragón se registraron 127 infracciones por usurpación en el 2018, la mayoría en la capital aragonesa. Son solo aquellas en las que la Justicia ha sentenciado que se ha producido un delito, pero hay cientos de casos en la ciudad.
OTRAS ZONAS
En La Jota, este edificio que ya no tiene puerta de acceso al portal, en el que los fusibles y las ventanas de las zonas comunes han desaparecido, donde la suciedad reina allá por donde se mire y donde se vende droga y se ejerce la prostitución -siempre según cuentan sus vecinos- es solo uno más del barrio. A pocos metros y durante años, un edificio de reciente creación fue estrenado por okupas que acabó echando la propietaria, algo que le costó tiempo y dinero. «Es desesperante, porque además de que tienes miedo es insalubre vivir aquí porque no tienen respeto ni educación alguna», añade la vecina que explica que la policía recomendó que se retiraran las puertas de los trasteros para evitar que se convirtieran en habitaciones, como sucedió con las oficinas de la primera planta.
En el barrio Jesús los vecinos tienen localizados cinco unifamiliares y algún que otro solar okupados y repartidos por las bocacalles del Camino del Vado, como Lourdes, La Habana o Pilar Gascón en las que «hacen acopio de chatarra y empalmes ilegales a la luz».
En las viviendas sindicales de Balsas Ebro Viejo no están mucho mejor. Según explicó desde la Asociación de Vecinos Arrabal, hay varios pisos okupados en las calles Pico Maladeta o Cañón de Añisclo. Son casas con patios interiores que invitan a los vecinos -legales e ilegales- a disfrutar del aire libre. Lo que sucede es en que algunos casos «lo que hacen es montar fiestas, ensuciar y molestar». Lo mismo ocurre en Tenerías, Delicias, San José, Oliver, San Pablo o el centro, donde el pasado mes de septiembre se okupó un edificio entero de la calle Azoque.
La plataforma StopDesahucios explica que se trata de personas en exclusión social que no pueden permitirse alquilar una vivienda con los precios actuales, cada vez más caros. En la mayoría de los casos se trata de familias de etnia gitana, que además de enfrentarse al problema económico tienen que luchar con los perjuicios.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, explica que no tienen competencias como Administración local para solventar este problema, que creció en número tras los años de la crisis. «La solución tiene que venir por la legislación», asevera. El conservador asegura que no todos los casos son extremos y que hay que evitar «la criminalización» de aquellas zonas en las que haya inmuebles okupados, como está sucediendo con el entorno de la calle Pignatelli.
Allí vive Óscar, que recientemente vivió el desalojo de once pisos okupados en esta vía. «Quedan muchísimos más. No nos dan soluciones: ni la Policía, ni el Ayuntamiento ni nadie», lamenta. Allí muchas casas se encuentran en mal estado, pero los propietarios, al compartir sus edificios con okupas, no pueden asumir por sí solos los costes de las reparaciones. «Vamos a tener que irnos. He llegado a llorar de impotencia», sentencia.
El ayuntamiento cerró en enero la Oficina de Mediación Hipotecaria
Desde el pasado 1 de enero, el servicio que prestaba el Ayuntamiento de Zaragoza a los casos de impagos de la hipoteca o del arrendamiento dejaron de prestarse por parte del consistorio. La Oficina de Mediación Hipotecaria intervino en más de 200 casos en el 2019, en un servicio de mediación que atendía en Zaragoza, con ayuda de profesionales (siete abogados y dos trabajadores sociales), tanto a casos de deuda hipotecaria como de impagos en el arrendamiento. Su creación, hace cinco años, buscaba evitar los desahucios y el pasado año actuaron en 36 mediaciones en casos de hipotecas y 171 de alquileres.
