«La pesadilla se ha acabado». Es la frase que repetía ayer uno de los vecinos del número dos de la calle Gil Berges de Zaragoza tras corroborar que se habían esfumado los inquilinos ilegales que desde hace casi un mes estaban instalados en dos pisos de este edificio de obra nueva, donde habían sembrado la inquietud por los problemas de convivencia y vandalismo ocasionados. Estos conflictivos ocupantes, que no responden al perfil de quienes okupan casas vacías por necesidad, abandonaron las viviendas de forma voluntaria tras negociar con la propiedad. No se sabe a cambio de qué, pero su marcha ha supuesto todo un alivio para quienes han tenido que convivir con ellos y han devuelto la paz a la zona.
El caso salió a la luz esta semana tras la información publicada por EL PERIÓDICO el pasado martes, lo que puso de relieve el problema de convivencia e inseguridad ciudadana que se estaba produciéndose en pleno Casco Histórico, a pocos pasos de la Audiencia Provincial de Zaragoza y de la calle Alfonso. La situación era tal que varios residentes se vieron obligados a abandonar sus casas por miedo.
El conflicto motivó la reacción del Ayuntamiento de Zaragoza, que expresó su preocupación y pidió endurecer la ley para agilizar el desalojo en situaciones ligadas «con mafias, okupas violentos o conductas delictivas».
LAGUNAS LEGALES
Los pisos afectados del bloque de Gil Berges comparten comunidad de propietarios con otros tres portales (Candalija, 7 y 9, y Fuenclara, 3) y son propiedad de la sociedad Divarian -participada por el BBVA y el fondo Cerberus-, que cuanta con otra veintena de viviendas en la finca. Su comercialización se relanzó en los últimos meses. La propiedad de los pisos, que denunció la okupación, reforzó ayer la seguridad con más alarmas y vigilancia privada, cuyos efectivos permanecerán en la zona los próximos días.
Los okupas abandonaron la finca con sus enseres y acompañados por un agente de seguridad del banco. Dejaron tras de sí abundante suciedad, restos de comida y colillas. A su salida, dieron una inverosímil versión sobre los motivos de la usurpación y dijeron que se iban «porque no querían problemas con la Policía», al tiempo que negaron un acuerdo con la entidad.
Los vecinos, ya aliviados, esperan poder recobrar la normalidad de su día a día cuanto antes. Ahora les toca reparar todos los destrozos causados en las zonas comunes, cambiar cerraduras y arreglar el ascensor, entre otras tareas. «Hemos pasado miedo, hemos sentido rabia e impotencia... Solo pensamos en olvidar el infierno que hemos vivido y recuperar nuestra vida. Ha sido horrible», explicó una de las vecinas. «Esperamos que cumplan su palabra y no vuelvan», deseó.
Algunos se mostraron muy críticos con el sistema legal, ya que el desalojo por orden judicial podía demorarse en el tiempo al tratarse de viviendas de banco y no ser posible el desahucio exprés. Esta vía, que fija un plazo máximo de 30 días, es solo cuando los bienes inmuebles son de particulares o administraciones.
También comerciantes y hosteleros de la zona expresaron su «alegría» por el fin del conflicto, ya que relacionaban con los okupas algunos recientes robos.
