La Policía da por cerrado el operativo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) que ha permitido desmantelar una red de regularización ilegal de inmigrantes chinos con 127 detenidos y otros 133 imputados. A todos ellos les imputan, tras la investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, delitos de falsedad documental y estafa, mientras a los nueve considerados como cabecillas --varios de ellos con la actividad centralizada en un bar del barrio zaragozano de Delicias-- les atribuyen también el favorecimiento de la inmigración ilegal y la pertenencia a un grupo criminal.

En la operación fueron arrestados dos policías locales y uno del Cuerpo Nacional de Policía, como en su día publicó EL PERIÓDICO. Su participación en la trama --que al menos en el caso de uno de los primeros fue tangencial-- no fue aclarada ayer por fuentes oficiales.

Según la información ofrecida por la Policía, las detenciones comenzaron en octubre, con los arrestos de los nueve presuntos integrantes del grupo criminal, que tramitaban ilegalmente tarjetas de residencia por circunstancias excepcionales por arraigo social a compatriotas chinos, para regularizar su situación en España. La investigación partió de una denuncia en la localidad navarra de Tudela, aunque Extranjería ya había alertado al Ayuntamiento de Zaragoza de la sorprendente cantidad de regularizaciones de inmigrantes chinos que se daban en la ciudad.

ARRAIGO Los primeros detenidos se servían de documentos falsos, entre ellos certificados de empadronamiento o informes de inserción social, que deben de ser expedidos por la Casa de las Culturas del consistorio. La Policía interrogó a una de las funcionarias de la institución, cuya firma aparecía en varios de estos informes, y constató que tenían que ser falsificadas, y que de hecho la mujer hacía meses que no trabajaba en esa sección.

Los inmigrantes, también imputados, debían facilitar entre 6.000 y 8.000 euros por estos trámites, por los que la Policía calcula un beneficio de 1.200.000 euros para la banda si no hubiesen intervenido. Pagaban 3.000 euros por el contrato de trabajo, otros tantos por el empadronamiento, entre 5.000 y 1.000 por el informe de inserción social y tres cuotas de la Seguridad Social, entre 900 y 1.200 euros. Los investigadores calculan que el fraude a la Hacienda Pública podría haber ascendido a 3.500.000 euros. Los delincuentes trasladaban el dinero a China, en metálico o por transferencia.

A raíz de la documentación incautada, en febrero arrestaron a los empresarios que colaboraban con la trama para simular los contratos de trabajo, por unos 2.000 euros, y a otros colaboradores como los agentes de Policía. Desde entonces han ultimado la localización de los clientes de la red, también imputados.