Santiago Carbonell, que denunció presuntos abusos sexuales por parte del párroco de Borja en noviembre del 2013, no ejercerá acciones legales por este motivo, según manifestó ante la juez del caso, Nieves Pérez, en su comparecencia en el Juzgado de Tarazona el pasado viernes, informó ayer la agencia Efe. Este testigo desencadenó el proceso contra el sacerdote cuando Garcés lo acusó de haberle estafado. Carbonell se defendió diciendo que el dinero percibido era en pago por servicios sexuales forzados.

Este nuevo giro en el caso podría llevar al sobreseimiento de las actuaciones en cuanto a delitos sexuales, pero seguiría en pie la imputación del sacerdote por la supuesta apropiación de 185.000 euros.

"Mi cliente declaró ante la juez que lo que dijo en su día es cierto, lo de los abusos sexuales, pero que no ejercerá la acusación", manifestó ayer Javier Ferreira, abogado de Santiago Carbonell. "Carbonell nunca ha formulado esta situación como acusación, sino como relato para explicar de dónde venía el dinero", agregó Ferreira.

Sergio Pérez, que defiende al clan de Zapato Veloz, también imputados, manifestó ayer que el hecho de que este testigo no siguiera adelante vacía de contenido el proceso al no haber denuncia por delito sexual.

Los Zapato Veloz, cinco personas de la misma familia, siempre han negado que hubieran cometido delitos en su relación con el sacerdote, que se encuentra temporalmente separado de su parroquia, hasta tanto el caso se aclara. Están acusados de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

OBISPADO

Las sospechas apuntan a que Florencio Garcés pudo recurrir a fondos de la parroquia (donaciones de fieles y herencias) para evitar que se divulgaran sus supuestas relaciones sexuales con el clan. Sin embargo, ambas partes niegan este extremo e incluso el Obispado de Tarazona anunció ya en su día que no ejercerá acciones contra Garcés por la gestión de sus fondos.

Por otro lado, el próximo lunes se celebrarán en el Juzgado de Tarazona nuevas diligencias en relación con el clan Zapato Veloz. Su abogado, Sergio Pérez, se propone demostrar que los vehículos adquiridos por sus clientes no son modelos de lujo de gran precio, como mantienen algunos, sino automóviles con muchos años de vida útil a sus espaldas y muchas deficiencias que adquirieron además por pequeñas sumas de dinero.