El juicio por el supuesto saqueo de más de 150,5 millones de euros por las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) ha sido definitivamente retrasado y se celebrará el 10 de diciembre. Hoy estaba previsto que se iniciara este macrojuicio, si bien varias partes personadas en la causa -Fiscalía Anticorrupción, Acciona y la propia empresa pública- solicitaron el pasado viernes un aplazamiento. Es la cuarta vez que se modifica la fecha de comienzo del juicio.
La solicitud la realizaron durante la tarde del pasado viernes, si bien la comunicación oficial no ha sido analizada hasta hoy por los tres miembros que forman parte de la Sección Primera del tribunal provincial.
Según fuentes judiciales consultadas por este diario, los magistrados encargados de enjuiciar este caso de corrupción -Esperanza de Pedro, Javier Cantero y Francisco Picazo- eran proclives de dicho aplazamiento por diversas razones, entre ellas, porque son conscientes de que hay conversaciones muy avanzadas entre la Fiscalía Anticorrupción y una buena parte de los 25 procesados en este asunto que no se han podido ratificar formalmente debido a otra negociación: la de la DGA con Acciona en lo que respecta al pago de indemnizaciones.
La discusión sobre quién era el que tenía que pagar la responsabilidad y la cantidad a abonar fue intensa y se alargó en el tiempo hasta el pasado viernes. Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón consideraban que las arcas públicas debían recuperar la cantidad de 147 millones de euros, mientras que desde la constructora señalaban, según otras fuentes consultadas, que eran elevada. Propusieron varias cifras hasta la que finalmente acordaron: 60 millones de euros y el resto, hasta llegar a los 147 millones, que se debata con un arbitraje.
El acuerdo garantiza a Plaza, según reconoció el propio Ejecutivo autonómico, la cancelación total de la deuda sobre la urbanización de la plataforma que aún mantenía incluida en sus cuentas y, además, el pago en metálico de una parte relevante de los daños reclamados.
El arbitraje acordado es una forma de resolver conflictos complejos entre empresas que se utiliza con frecuencia. El laudo arbitral equivale a una sentencia judicial y produce sus mismos efectos, incluso en el ámbito judicial, dejando definitivamente resuelta la cuestión. Tiene, además, la gran ventaja de que, como máximo, pondrá fin a la controversia en un plazo breve, nunca superior a un año.
Acciona llegó a este negociado, a pesar de que aparece como responsable civil subsidiaria, lo que implica que asumió el pago de la indemnización que se solicita al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; al exdirectivo de Accional, José María Jordán; al exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y el trabajador de Intecsa Inarsa, Nico Groeneveld.
Por otro lado, desde la empresa pública Plaza se solicitó a la Audiencia de Zaragoza más tiempo para poder celebrar una reunión del consejo de administración de dicha sociedad en la que el abogado de la misma pueda exponer todas las novedades y validar o no los nuevos pasos.
Hoy mismo volverán a reiniciarse las conversaciones de Anticorrupción y los abogados de los principales acusados. Entre los que son proclives a firmar un acuerdo son García Becerril, Jordán y varios empresarios de la trama. Otros, hasta el momento, se han negado como el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el constructor Agapito Iglesias o el empresario Miguel Ángel Floría.
