El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha decidido ordenar la «suspensión» del procedimiento por el que se había impulsado la ampliación del servicio Bizi de Zaragoza. La resolución anula temporalmente la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que, el pasado 11 de octubre, modificaba el contrato con la concesionaria, Clear Channel, para impulsar la expansión de la red por toda la ciudad, una apuesta que desoía el informe desfavorable del Consejo Consultivo de Aragón y que se ha venido abajo justo cuando se estrenaba la primera estación nueva, ayer mismo, en el distrito de Casablanca.

La resolución fue firmada el pasado día 7. La incógnita es si la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, lo sabía antes de presentar públicamente esta terminal ayer, junto a Alberto Casañal, concejal de Ciudadanos (C’s) en la confluencia de Vía Ibérica con la rotonda de Toulouse. Lo hacía como si fuera una primera piedra de las 120 terminales que preveía esa ampliación por la ciudad, 40 de ellas antes de final de año y el resto, en el 2018 y el 2019.

Valdespartera, Las Fuentes, paseo Cuéllar y Torrero, San José, el entorno de los Enlaces (en Delicias) y Oliver iban a seguirle a Casablanca, pero ahora el TACPA lo deja en el aire, después de que su presidente, José María Gimeno, resolviera el pasado martes que aceptaba el recurso del portavoz del PP municipal, Jorge Azcón, 24 horas antes de esta resolución.

Tiene carácter temporal, a la espera de una decisión definitiva, pero es ejecutiva y el ayuntamiento tiene la obligación de acatarla y cumplirla. Por tanto ahora se abren numerosas incógnitas sobre qué va a pasar con la ampliación ahora o qué efectos económicos puede tener interrumpirla cuando la contrata ya había puesto en marcha una fabricación e instalación que quizá ya nunca se lleve a cabo.

Pero lo sucedido todavía tiene más recorrido. La responsable de Movilidad del consistorio, Teresa Artigas, aseguró ayer en declaraciones a este diario que no se le ha comunicado formalmente tal suspensión. La única notificación le llegó «el pasado martes a las dos de la tarde en el correo de un funcionario» que estaba de vacaciones, en el que se le informaba de que el día anterior Azcón había interpuesto un recurso ante el tribunal, un paso al que le obliga el propio procedimiento, y que le daba «un plazo de 48 horas para entregar una documentación que se ha enviado hoy mismo (por ayer)» aseguró la concejala a este diario.

Ahora se paraliza la modificación del contrato y quedan en el aire otras mejoras, como el cambio de la línea telefónica de atención al usuario en diciembre por un número fijo 976 u 876, o la ampliación del horario del servicio, el día 13, entre las 5.00 horas y las 2.00 de la madrugada.