El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha solicitado a la DGA un certificado en el que consten las vacantes sin titular ocupadas por personal interino a fecha de 31 de diciembre del 2010. La petición responde al propósito de constatar si el número de plazas a ofertar en las oposiciones que el Gobierno ha convocado en aplicación de las sentencias del Supremo y del TSJA y que fueron excluidas de las oposiciones de 2007 y 2011, se corresponde con los datos del registro de personal de la Administración.
La solicitud vuelve a envolver en cierta inseguridad jurídica un proceso marcado por las denuncias de la Asociación en Defensa de la Función Pública de Aragón contra la decisión de la DGA de convocar esas 2.783 plazas --1.034 plazas en el ámbito de administración general, 385 en Educación y 1.364 en Sanidad--en tres años.
En este sentido, la federación de enseñanza de CCOO exigió ayer la "seguridad jurídica" de las oposiciones de Secundaria, que se celebrarán el próximo verano y que Educación tiene previsto convocar oficialmente la próxima semana. "Desconocemos las consecuencias de esta nueva decisión judicial para los opositores en el caso de que el certificado que se solicita no contenga exactamente el número que en su día dio el Departamento de Educación, si repercutirá en el número de plazas convocadas a oposición o si se obligará la convocatoria de todas las plazas", indicaron desde el sindicato, que recordó que "estamos a menos de tres meses de la realización de estas oposiciones".
En ese sentido, CCOO exigió la retirada del decreto de interinos "ya que es una variable más de injusticia que el departamento va a introducir en este proceso" y volvió a pedir la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat, "por su caótica gestión de la educación pública".
La previsión es convocar este verano 210 de las 385 plazas en solo cinco especialidades y aplazar el resto al próximo año o al 2016.
