El Servicio Provincial de Sanidad en Zaragoza ha iniciado un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Boquiñeni como presunto responsable de una infracción administrativa grave por la celebración de una discomóvil el pasado 22 de mayo, en pleno estado de alarma. Esta infracción está penada con una sanción de entre 3.001 y 60.000 euros, tal y como establece la Ley de Salud Pública de Aragón, por infringir las medidas que establece el estado de alarma decretado a causa de la pandemia, recordaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
Este evento se programó en el marco de las fiestas en honor al Santo Cristo de Capilla, San Gregorio y San Miguel y fue denunciado por la Guardia Civil, apuntaron las citadas fuentes. El consistorio tiene ahora 15 días para presentar alegaciones, tras lo cual se continuará la tramitación de expediente y se determinará, si procede, la sanción a aplicar.
Según indicó a este diario el alcalde de Boquiñeni, Juan Manuel Sanz, el consistorio todavía no ha recibido «ninguna notificación», aunque dejó claro que presentarán alegaciones. Según explicó el primer edil, la discomóvil consistió en «una furgoneta con altavoces» que fue recorriendo el pueblo «amenizando a los vecinos». En su opinión, las normas quedaron claras en el programa virtual de fiestas: la música comenzaría a las 20.00 horas y finalizaba a las 22.00, un periodo en el que los vecinos podían asomarse a las ventanas o salir a la entrada de sus domicilios, pero nunca acompañar a la furgoneta en su recorrido. El problema fue que el horario se excedió.
«Lo que nos dijo la Guardia Civil fue que un vecino llamó quejándose por el ruido y por eso acudieron y pusieron la denuncia», indicó Sanz. Según apuntaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, en esta discomóvil improvisada participaron unas 40 personas.
La broma le puede salir cara al consistorio de Boquiñeni, que como responsable subsidiario puede afrontar una sanción de hasta 60.000 euros. Fuentes de la DGA, indicaron, además, que la Guardia Civil no identificó a todos los participantes en la fiesta improvisada. «Desde el ayuntamiento hemos sido responsables programando unas fiestas virtuales y pidiendo a los vecinos que se quedaran en casa», subrayó Sanz.
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoció que «la inmensa mayoría de los aragoneses ha tenido un comportamiento muy responsable con las medidas de protección y aislamiento, pero no podemos evitar que se produzcan algunas circunstancias de gran irresponsabilidad».
En concreto, hizo referencia al expediente abierto a los propietarios de un local de la calle Azoque de Zaragoza, el Mamanucca Club & Restaurant Lounge, que se enfrentaría a una sanción de 3.000 euros por haber inclumplido presuntamente algunas de las normas establecidas por el estado de alarma al reunir en su interior a 140 personas el pasado sábado, todavía en fase 2 de la desescalada. La consejera indicó que «el Ministerio del Interior ha tomado cartas en el asunto y estamos pendientes de ver cómo se arbitran sanciones a todos los asistentes a esa fiesta».
Sin embargo, fuentes cercanas al local manifestaron que «se respetaba la legalidad totalmente». «Es un establecimiento con licencia de multiactividad, y la noche del sábado se hacía uso de la actividad de restaurante; no de bar», explicaron estas fuentes, que insisten en que «no había ninguna fiesta, sino acceso libre como en cualquier restaurante».
Además, indicaron que con las 140 personas presentes cumplían el aforo del 50% para restaurantes en fase 2, puesto que «el establecimiento tiene un aforo de 392 personas» e incidieron en que cumplían el horario para restaurantes, «que permite hasta la 1.30 horas, y la policía levantó el acta a las 1.05». Además, aseguran que se respetaban las distancias de seguridad y los clientes estaban sentados en sus sillas.
Las sanciones por incumplir las restricciones
Desde el inicio del confinamiento por la pandemia, Sanidad ha interpuesto en todo el país numerosos expedientes sancionadores por incumplir la ley de salud pública o la de seguridad ciudadana. Para poder iniciar los citados expedientes es necesario que previamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (ya sea policía o Guardia Civil) den parte de la denuncia en cuestión.
Es entonces cuando el servicio de Sanidad de cada provincia comunica al denunciado que tiene 15 días para presentar alegaciones, como ha ocurrido con la discomóvil de Boquiñeni. Al expirar este plazo ya se resuelve el expediente y se tramita, si procede, la sanción, si bien aún existe otro periodo para alegar. Lógicamente, el hecho de ser denunciado por algún incumplimiento de las normas no ha conllevado la obligatoriedad de realizar un seguimiento específico por posibles contagios, independientemente del número de personas que incumplieran la ley.
Las sanciones por incumplir las restricciones del coronavirus han sido muy variables, pudiendo alcanzar hasta los 600.000 euros. Por poner un ejemplo, las cinco personas que en abril se saltaron el confinamiento para jugar al fútbol en Andorra fueron sancionados con una multa de 5.400 euros.
