La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) consideró ayer que la decisión del Gobierno de Aragón de reiniciar el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es «incoherente» por afectar «gravemente» al estado de las economías familiares en plena crisis económica provocada por el covid-19.
Las entidades críticas con este impuesto, que consideran destinado a financiar los errores de los planes de depuración de los Ejecutivos pasados, denuncian que las familias tendrán que hacer frente «a una carga cuestionada por la ciudadanía por injusto y abusivo». Ponen como ejemplo los 100.000 impagos al recibo de Zaragoza. Y recuerdan que el propio Gobierno de Aragón se ha comprometido derogar el tributo modificando la financiación del plan autonómico de saneamiento.
Para los sectores críticos con el impuesto se debería haber aprovechado la ocasión para dar un paso al frente. «Entendemos además que el Gobierno de Aragón vuelve a perder una ocasión inmejorable para cumplir sus compromisos de legislatura, que son derogar definitivamente el actual ICA y poner las bases de un nuevo modelo de financiación de la depuración, basado en criterios de eficiencia y equidad», denunciaron.
Los periodos de pago se reanudarán a partir del próximo día 29 y se prolongarán para cada remesa de recibos durante el número de días en que fue operativa la suspensión.
