Hoy empieza la semana en la que regresa la Liga y ayer terminó la semana en la que el concurso de acreedores del Real Zaragoza pasó a la historia después de ser calificado como fortuito por la jueza que se ha encargado de la instrucción. De esta manera se dio carpetazo a un procedimiento tremendamente farragoso que ha durado solo 15 meses y que decretó que el cuadro de falta de liquidez de la entidad no se debió a una deficiente gestión de sus dirigentes. Traducido. Que no hubo culpabilidad ni lugar a inhabilitación alguna de Agapito Iglesias, propietario de la Sociedad Anónima Deportiva.
Esa es la verdad judicial y, como tal, hay que aceptarla y acatarla de forma escrupulosa y consecuente. Las leyes son un cimiento primordial de nuestro modelo de convivencia y, esencialmente, están hechas para asumirlas y cumplirlas. Dicho lo cual, y en este punto es donde se abre el debate, nada de esto implica que algunas de ellas sean manifiestamente mejorables. Esa es una de las enormes riquezas de cualquier sistema de libertades: la maravillosa oportunidad que ofrece de opinar y de discrepar con total naturalidad.
El auto de la jueza es irrevocable. El concurso es y siempre será fortuito, aunque por ello no hay que obviar que al aficionado medio, al zaragocista de a pie, le resulta difícil de comprender como no puede haber negligencia e irresponsabilidad en la gestión de una SAD que termina abocada al mayor concurso de acreedores del fútbol español con 145 millones de deuda. Hay veces que la sociedad marcha por un camino y el sistema, por otro. Al final, el traje ha resultado a medida. Pero aunque Agapito se vista de seda, Agapito se queda.
