La Audiencia Nacional ha decidido remitir todo el procedimiento del dieselgate español, que afecta a la manipulación de emisiones por parte del grupo Volkswagen (VW), a las autoridades judiciales alemanas. De esta forma, el juez que hasta ahora ha instruido el caso avala la petición de la fiscalía que reclamaba que se instruyera todo el caso en el país germano, tal y como adelantó este diario.
El Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional llegó a la conclusión de que el procedimiento, «en relación al conjunto de personas investigadas en el mismo», pasa a «las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto a la Fiscalía de Braunschweig», en el estado federal de Baja Sajonia, que también propuso que las investigaciones judiciales del dieselgate repartidas por todo el mundo se centralizaran en esta jurisdicción.
En sus fundamentos de derecho, el auto de inhibición explica que el proceso español «mantiene una serie de vínculos de conexión» con la investigación que sobre los mismos hechos se sigue en la Fiscalía de Braunschweig (Alemania). Destaca que el caso afecta aproximadamente a 11 millones de vehículos, incluidos los matriculados en España, que también engloba a Robert Bosch GmbH, en su calidad de proveedor de centralitas que controlan el software, y a empleados de Volkswagen, entre otros protagonistas.
En el auto, el juez considera que «las autoridades alemanas se encuentran en una mejor situación» para la instrucción y enjuiciamiento de la causa, con vista a evitar una potencial vulneración del principio ne bis in ídem (no se puede juzgar dos veces un mismo hecho), de manera, a su entender, que debe asumirse por la justicia germana «la finalización de las pesquisas y la decisión de qué personas van a ser llevadas finalmente a juicio por los hechos investigados» (...) La mayoría de los investigados residen en Alemania, el material probatorio se encuentra en ese país y las personas que tomaron «la decisión delictiva» están en la sede central de la empresa en Wolfsburgo, mientras que «no consta» que los importadores y vendedores tuvieran conocimiento del fraude.
Las pesquisas en España se iniciaron tras estallar el escándalo, en el 2015, y a raíz de las querellas presentadas por dos asociaciones. En ellas se denunciaba la instalación ilegal de un programa informático manipulado en miles de vehículos para cambiar los resultados de los contactos técnicos de emisiones contaminantes. El procedimiento se inició en septiembre del 2015 por las denuncias del sindicato Manos Limpias por delitos de estafa contra los consumidores y contra el medio ambiente, falsificación documental y contra la Hacienda Pública.
