El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, reconoció ayer que defender los intereses de las empresas para desarrollar Aragón y hacerlos compatibles con las exigencias del Protocolo de Kioto será un "equibrio díficil de alcanzar", puesto que las condiciones del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión "no son muy favorables ni para Aragón ni para España".
Así lo expuso en el transcurso de la jornada informativa, a la que asistieron representantes de 79 empresas aragonesas que, según los datos actuales, pueden verse afectadas por el comercio de emisiones.
Pese a todo, el consejero afirmó que el Gobierno aragonés brindará todo el apoyo técnico a las empresas incluídas en el Plan. De hecho, está prevista la celebración de reuniones sectoriales monográficas por parte la DGA para concretar dudas sobre la normativa.
El plan obliga a las compañías afectadas remitir sus solicitudes de autorización de emisiones antes del próximo 30 de septiembre a la dirección general de Calidad Ambiental del Ejecutivo autónomo para la elaboración de un registro nacional. Ello exigirá reflejar las emisiones de las empresas entre los años 2000 y 2002. Con estos datos de emisión definitivos se podrá saber el número exacto de empresas afectadas. Las compañías deberán contar con autorización el 1 de enero del 2005.
De momento, el Gobierno aragonés es responsable de la autorización, pero no de la asignación de derechos de emisión. Algo que han reclamado los departamentos de Economía, Industria y Medio Ambiente --consejerías implicadas en esta materia-- al Ministerio de Medio Ambiente.
85 MILLONES DE COSTE EN ESPAÑA Cerca de 85 millones de euros al año es el coste máximo para las empresas afectadas por la aplicación del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión entre el 2005 y el 2007. Las instalaciones industriales en España ascienden a 1.066.
El objetivo del Gobierno es que las emisiones entre 2005 y 2007 se estabilicen en la media del periodo 2000-2002, con un incremento del 3,5% para los nuevos entrantes. El esfuerzo adicional para cumplir el Protocolo de Kioto y la Directiva europea deberá hacerse entre 2008 y 2012. Al final de ese periodo, las emisiones no deberán superar en más de un 24% las registradas en 1990.
El plan asigna 160,28 millones de toneladas a los sectores afectados por la Directiva, incluyendo 5,42 millones para nuevos entrantes.
