Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, tuvo que bajar ayer al ruedo y pedir que la junta general de accionistas respaldase su gestión --y la del consejo-- en el asunto de las indemnizaciones al expresidente del SCH, José María Amusátegui, y al exconsejero delegado, Angel Corcóstegui, que sumaron 165 millones de euros. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha ordenado apertura de juicio oral y el presidente del primer banco español y de Latinoamérica, puede verse en los tribunales el próximo otoño, acusado de presunta apropiación indebida y administración desleal.

Emilio Botín aseguró que al retribuir a Corcóstegui y a Amusátegui, el consejo "hizo lo que tenía que hacer, porque era en interés de todos los accionistas". Reconoció ante la junta general que se trata de un asunto "importante" y que "puede razonablemente" preocupar al banco y a sus accionistas.

Pero fue Manuel Soto, presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, quien pidió a los accionistas el respaldo para el presidente, al recordar que el consejo rechazaba el hecho de que acuerdos adoptados por unanimidad, "se atribuyan exclusivamente al presidente, como si se tratara de decisiones personales y al margen de la gestión social", que corresponde "legal y estatutariamente al consejo".

En su discurso, Botín explicó que había depositado un aval de 165 millones como fianza, obligado por la juez. El presidente del banco dijo que, "paradójicamente", el proceso en el que se ha visto envuelto "tiene su origen en las dos operaciones más importantes y exitosas del banco": la compra de Banesto en 1994 y la fusión con el Central Hispano en 1999. "Sin ellas --dijo-, el Santander no sería lo que es, un banco que está entre los 15 primeros del mundo".

Recordó que el proceso en el que se ve inmerso se debe a la acusación de Rafael Pérez Escolar, uno de los administradores de Banesto, cesado cuando se compró el banco, que "estaba prácticamente en situación de quiebra". Recordó también que la fiscalía ha solicitado varias veces sobreseer el caso.

Botín, que no aludió al otro proceso que tiene pendiente, el de las cesiones de crédito y por que el que no hay abierto juicio oral, insistió en que la aportación de Amusátegui y Corcóstegui al éxito de la fusión del BCH con el Santander "fue decisiva" y los accionistas deben "estar agradecidos". Según el presidente, los pagos fueron unas decisiones "impecables", tanto desde el punto de vista jurídico como empresarial. "Al final, todo se resolverá satisfactoriamente", dijo. La audiencia le ovacionó.

Tras decir que la economía va bien encaminada remachó: "Aprovecho para felicitar al nuevo Gobierno. Su compromiso con la estabilidad fiscal y el equilibrio presupuestario han permitido mantener intacta la confianza en nuestro país".

Entre las 16 intervenciones que se produjeron en la junta, la más polémica, como todos los años, fue la del abogado Rafael Pérez Escolar, exadministrador de Banesto y procesado por la gestión de ese banco. Solicitó los ceses del presidente Emilio Botín, y del consejero delegado, Alfredo Saénz, por sus procesos judiciales y la gestión.