La primera sesión de la comisión de investigación abierta por las Cortes de Aragón sobre Caja Inmaculada, que se prolongó durante más de cinco horas en la tarde del pasado jueves, no dejó indiferente. Los tres primeros comparecientes, testigos directos de su gestión, desnudaron a la entidad aragonesa, dejando ver sin tapujos sus miserias pero destacando también virtudes y fortalezas que han evitado males mayores a ser absorbida por Ibercaja. De un lado, quedaron al trasluz las malos usos y costumbres asentados durante años en la caja, donde los directores generales ejercieron una gestión "autoritaria" y errática que derivó en una desproporcionada inversión en el sector inmobiliario, sin que los órganos de gobierno y de control interno cumplieran con sus funciones. En la cara positiva, ensalzaron la profesionalidad de la plantilla y la buena administración del negocio minorista y de la liquidez, incluso en los momentos más críticos de la crisis.
Este fue el relato maniqueo que ofrecieron los dos máximos responsabilidades de la entidad en la etapa más reciente: Juan María Pemán como presidente (desde el 2010, ahora al frente de la fundación) y Luis Miguel Carrasco como director general (2009-2013), que actualmente gestiona la cartera inmobiliaria del grupo Ibercaja. El tercero en hablar, Juan Alberto Rovira, un directivo de menor rango, también fue crítico pero de forma más técnica. Eso sí, los tres circunscribieron casi todas las reprobaciones a la etapa en la que fueron directores Luis Calvera (2001-2005) y Tomás García Montes (2005-2009). Sobre este último cayeron los mayores dardos y le definieron con calificativos como "soberbia", "personalismo" y "opacidad".
Entre el 'yin' y 'yang'
Los tres comparecientes se mojaron en la mayor parte de sus explicaciones y saciaron el interés de los diputados, con la salvedad de las cuestiones relacionadas con las retribuciones e indemnizaciones de altos directivos, donde las respuestas fueron más vagas e imprecisas. La respuesta común fue que los contratos de la alta dirección estaban en línea con el sector --y dentro de este, en la parte baja de la tabla-- y que no existe ningún atisbo de ilegalidad. En cuanto a las ventajosas condiciones del despido de García Montes, pese a su cuestionada gestión, Carrasco admitió que este hecho le "encabrona" , pero recalcó que "el problema son los 1.600 millones que dejó de pérdidas y no los 15.000 euros al mes de su pensión vitalicia".
Pemán y Carrasco incidieron en el carácter dual que ha tenido la caja. Según ambos, coexistieron "dos cajas": la del negocio inmobiliario "mal gestionado" y la de la banca minorista bien administrada y con una liquidez "siempre excelente". Atribuyeron esas virtudes al buen hacer que en todo momento mantuvieron los cuadros y los trabajadores de la red comercial.
La parte enferma de la caja, que llegó a tener la mayor concentración inmobiliaria de todo el sector financiero español, acabó arrastrando a la sana. Y a pesar de los esfuerzos de depuración aplicados desde del 2010 con la entrada de Carrasco, la entidad tuvo que renunciar a muchos de los preceptos que se habían marcado, según relataron. De esta forma, CAI no pudo seguir en solitario, dentro de la alianza de Caja3, y se vio obligada a diluirse en un grupo mayor.
Sobre las responsabilidades que han conducido a esta situación, aludieron al "problema estructural" en el gobierno de las cajas, con consejeros "poco profesionales" y sin preparación en el campo financiero. "Un modelo que pilotaba sobre el amateurismo", apuntó Pemán. Aunque reconocieron cierta responsabilidad "por omisión" de los consejos de la caja, cargaron las tintas contra Calvera y García Tomás. Estos, señalados como máximos responsables de la crisis de CAi, también están llamados a declarar en la comisión, pero hay serias dudas de que no lo hagan por diversos pretextos.
