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CRISIS EN EL CAMPO

El campo gallego, pendiente de la negociación láctea

La gran potencia láctea, con la mitad de la producción española, registra los precios más bajos en origen: 32,6 céntimos por litro, frente a la media estatal de 34

 

El campo gallego, pendiente de la negociación láctea -

JULIO PÉREZ
08/02/2020

A Manuel Fraga le bastó el primer año de estreno en el timón de la Xunta para batir a todos sus predecesores y labrar una merecida leyenda de correcaminos. En un día de récord concedió 22 audiencias, fue capaz de reunirse con 16 ministros en menos de 24 horas y recorrer 35.000 kilómetros en seis meses. Solo el campo le apeó del coche oficial.

Galicia vivió en septiembre de 1990 una durísima tractorada que dejó incomunicadas a las principales urbes de la comunidad por el grito desesperado contra la industria transformadora. Los impagos de Larsa colmaron la paciencia de los ganaderos y forzaron al Ejecutivo autonómico a impulsar un crédito sindicado de 5.000 millones de las antiguas pesetas con casi una veintena de entidades financieras para reflotar la empresa, galleguizar su capital y aliviar la enorme deuda acumulada con las explotaciones.

Desde entonces, por unas razones u otras, pero siempre con los precios de por medio, la actividad sobrevive de crisis en crisis, pendiente, tres décadas después de aquella histórica revuelta, de una nueva ronda de negociaciones entre las dos partes que condicionará el desembarco o no en Galicia de las movilizaciones de los productores agrarios en otras zonas del país contra la cadena de precios. "Lo que está sucediendo es casi de estudio sociológico", asegura Roberto García, secretario general de Unións Agrarias (UUAA).

Probablemente cualquier ganadero gallego daría un mundo por los mismos minutos en televisión y portadas de periódicos dedicados estos últimos días cuando en el 2015 protagonizaron la, hasta ahora, última de su larga lista de tractoradas. De aquellas movilizaciones salió la única fórmula de negociación colectiva que existe en la cadena alimentaria. La industria está obligada a sentarse y pactar un precio con las organizaciones de productores en igualdad de condiciones, al menos en la teoría explica García. Pero al final lo que se pone sobre la mesa son los contratos de adhesión, de tal manera que o los firmas o te dejan de recoger.

Galicia es la gran potencia lechera de España. Concentra la mitad de la producción. Y tiene los precios más bajos: 32,6 céntimos por litro frente a los 34 de media estatal, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. En el arranque de este 2020, el desembolso en origen rondaba los 0,29 euros, mientras que en el supermercado el litro alcanzaba los 0,73, un 152% más, como recoge el último informe del Observatorio de precios de la organización COAG, que revela que las patatas, otra de los productos estrella de la tierra gallega, soportan diferencias de hasta el 635%.

La próxima semana están convocadas las siete mesas de negociación con las principales industrias lácteas. Unirnos a una movilización preventiva no nos parecía adecuado porque queríamos ser coherentes, hacerlo con una base real de causas en caso de que no lleguemos a un acuerdo, justifica el líder de UUAA. No es que el sindicato sea optimista. Somos prácticos, señala Roberto García, que recuerda que hay reglas escritas que no se están cumpliendo. Debemos reforzar la tipificación de las conductas irregulares y las sanciones correspondientes, dice, en referencia al uso y abuso de la leche como producto reclamo y su venta a pérdidas en grandes cadenas comerciales.

Ante las posibles medidas que el Gobierno pueda tomar para un reparto más justo de la rentabilidad, el sector lácteo se postula como un ejemplo, siempre que su modelo de negociación sea realmente efectivo. Es una oportunidad única, defiende García, que apela al trabajo realizado en Francia, donde el Gobierno calcula los gastos que hay detrás de un producto y veta una tarifa de venta al público inferior.

No se trata de fijar un precio mínimo, sino de evitar que la producción de alimentos, que es también una cuestión de seguridad alimentaria, acabe provocando el cierre de explotaciones o que algunos hagan trampa, como sucedió con las vacas locas, resume.

¿Y qué impacto puede tener el alza del salario mínimo? Sus efectos prácticos en el sector en Galicia son mínimos. Primero, porque únicamente uno de cada cuatro ocupados son trabajadores a sueldo. Pero es que además por falta de mano de obra se está pagando muy por encima del SMI, alrededor de los 1.100 o 1.200 euros, indica García. Los datos de sueldos de la Agencia Tributaria lo confirman: en 2018, la media en el sector primario en Galicia rondaba los 1.142 euros en 14 pagas.

A diferencia de otros territorios del país, el sector primario aquí presenta una nítida especialización ganadera, como indica Edelmiro López-Iglesias, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de de Santiago de Compostela (USC), en un estudio reciente publicado en la RevistaGalega de Economía. De los cerca de 3.500 millones de euros que alcanzó la producción agroganadera en Galicia en 2017, una cuarta parte vino de la leche, que desde 1986 duplicó el volumen de entregas a pesar de la limitación derivada del sistema de cuotas vigente hasta 2015, subraya el también miembro del Foro Económico de Galicia, y de que en este tiempo el número de explotaciones se desplomó de 100.000 a 8.000.

La carne de bovino aporta otro 16% de la producción, un 10% la de ave y un 7% el porcino. Juntas, verduras y frutas no suman ni el 24% del total. Esa orientación ganadera contrasta con la especialización agrícola de la agricultura española, apunta López-Iglesias. La proporción en lugares como Extremadura, Andalucía o Comunidad Valenciana, epicentros de la nueva revuelta del campo, es precisamente la contraria y por eso sus demandas pasan de momento de puntillas por aquí. Se nota igualmente en la orientación de las explotaciones. Una de cada diez en Galicia son para leche y reúnen el 30% de la superficie agraria. Con las de carne y las mixtas, llegan a casi el 30% de las unidades productivas y más del 60% de las tierras. Horticultura, vino y cereales son el 9% (4% de la superficie). Las explotaciones no especializadas que salpican todo el rural gallego son las inmensa mayoría, el 60%, y mantienen un peso elevado en términos sociales y la gestión del territorio, pero juegan en cambio un papel absolutamente secundario en el plano productivo.

Hay un factor esencial y es que las protestas se están dando en toda Europa, apunta María do Mar Pérez Fra, doctora en Ciencias Económicas e investigadora de los procesos de cambio agrario y la evolución y diseño de políticas de desarrollo rural. A esa situación de precios negativos se añade el descontento de las zonas rurales por faltas de servicios continúa. Existe un sentimiento latente que, cuando el panorama empeora, salta. A la profesora dela USC le llama mucho la atención que el actual Ministro de Agricultura, Luis Planas, sea el primer responsable de la cartera en citar a la distribución para, por fin, abordar el problema de los márgenes. Poner un precio mínimo con los condicionamientos del mercado es imposible, opina, pero sí cree factible establecer mecanismos para garantizar el equilibrio. No hay que mirar muy lejos, sostiene, pensando también en los pasos dados en Francia para bloquear las ventas por debajo de costes.

En la difícil ecuación de la formación de los precios de la alimentación entró con el estallido de la crisis en 2008 una nueva variable que probablemente llega para quedarse. Nunca antes el consumidor tuvo tan en cuenta el coste de un producto. Eso cambió las pautas de consumo, pero todos tenemos una responsabilidad, avisa Pérez Fra. Como sociedad debemos de dejar de lado el discurso de pobre agricultor y tomar conciencia frente al consumo de zonas lejanas o las ofertas gancho para establecer relaciones de mercado más justas", afirma la experta.

 
 
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