Centenares de personas se han concentrado hoy convocadas por CC.OO y UGT frente a la sede de CEOE Zaragoza para exigirle un cambio de actitud frente a la negociación colectiva, un reparto justo de la riqueza y que aumente los salarios por encima del 3,1 por ciento para recuperar poder adquisitivo.

Después de la brecha de género el pasado 8 de marzo o las movilizaciones en favor del sistema público de pensiones que se vienen produciendo cada 15 días, hoy los sindicatos han querido escenificar los conflictos de negociación colectiva que mantienen con la patronal, y entre otras peticiones, han abogado por crear un salario mínimo de convenio de 1.000 euros, de modo que ninguno a escala sectorial se firme por debajo de la cuantía.

Con esta movilización, pretenden presionar al Gobierno para que derogue la reforma laboral y a los propios empresarios, que debido a las "ventajas competitivas" que les ofrece esta legislación, no se quieren sentar a pactar un nuevo acuerdo de negociación colectiva, como ya ocurriera en 2017, ha explicado en declaraciones a los medios el secretario general de CC.OO Aragón, Manuel Pina.

Ha criticado que el incremento salarial propuesto sea solamente "un poco mayor" que el del año pasado, pasando así del 1,2 al 1,5 por ciento, ambas cifras por debajo de la inflación.

Por ello, las centrales sindicales mayoritarias reclaman una subida "sustancial" de los salarios para que recuperen parte de la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante la crisis y que lo hagan de una manera importante los más bajos, que han sido los más perjudicados.

También proponen, además de esa cantidad de 1.000 como umbral de los convenios sectoriales, revisar las cláusulas de revisión salarial para no ir perdiendo el poder adquisitivo.

No obstante, los representantes sindicales no se muestran optimistas sobre la disposición de la patronal a satisfacer estas demandas, ya que el año pasado estuvieron "mareando la perdiz" para no llegar a ningún acuerdo y temen que las cosas este año vayan "por el mismo camino".

Pina ha informado de que el lunes se produjo una reunión y no fue "nada bien", y que en 10 a 15 días se celebrará otra, pero que de cualquier modo no están encontrando "receptividad empresarial".

Ha insistido en que los beneficios y la productividad están subiendo, en que el crecimiento económico es "importante", por lo que se dan las condiciones necesarias para subir los salarios.

Por su parte, el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha subrayado que "es el momento de recuperar rentas para los trabajadores y no solo para los empresarios", a quienes ha acusado de no tener "ninguna voluntad" de llegar a acuerdos, al estar "muy bien cubiertos" con la legislación aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP.

A su juicio, la propuesta de la patronal de subir salarios entre el 0 y el 2 por ciento es "insuficiente" y ha recalcado que, si ese es su único ofrecimiento, no podrán llegar a ningún acuerdo.

Ha reclamado un incremento salarial base del 3,1 por ciento, que no se pierda poder adquisitivo y un salario mínimo de 1.000 euros en convenios sectoriales.

Además, ha recordado que hay 5,5 millones de trabajadores que, por distintos motivos, cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), debido a la "panoplia" de modalidades de contratación que la reforma laboral de 2012 puso en manos de los empresarios, por lo que ha defendido la necesidad de que se apruebe una "contrarreforma laboral" que combata la precariedad.

Ha tachado la actitud de la patronal en cuanto a los salarios de "tirar piedras contra su propio tejado", a lo que ha agregado que "a lo mejor" lo que quieren es mantener "un ejército de parados de reserva" que permita mantener los sueldos bajos.

El dirigente de UGT ha afirmado que la mejora en los salarios no supondrá dejar de crear empleo y, es más, ha advertido de que, si no se produce, no habrá "equilibrio social" ni "paz social" y se resentirá el sistema democrático.

Por otro lado, Alastuey ha hablado sobre el contrato de relevo, fundamental para el rejuvenecimiento de las plantillas, cuya renovación ha sido solicitada al Gobierno y está en diálogo parlamentario.