Los tres exresponsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que declararon ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga coincidieron en defender la veracidad de las últimas cuentas que elaboraron antes de la quiebra de la entidad, las de 2010 y las intermedias de 2011, aunque cada uno optó por una estrategia de defensa. El expresidente de la entidad Modesto Crespo se centró en su labor representativa, mientras que los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós apelaron, respectivamente, a KPMG y al propio Banco de España.
Crespo negó cualquier responsabilidad en su elaboración y sostuvo que «hasta 15 días antes» de la intervención por parte del Banco de España las noticias sobre la caja «eran siempre positivas». López Abad se aferró a que las cuentas de 2010 las auditó KPMG y se admitieron «sin salvedad». Amorós fue la más crítica con el organismo supervisor y sostuvo que se les aplicaron criterios que no se convirtieron en ley hasta 2012 o 2013. López Abad y Amorós se enfrentan a una petición fiscal de siete años y medio de prisión y multa de 180.000 euros. La acusación que ejerce el Fondo de Garantía de Depósitos sí acusa a Crespo y pide para él y para Amorós nueve años de cárcel, así como tres para López Abad.
