La fiscalidad, a examen. La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) dedicó ayer una de sus jornadas técnicas a esta ardua materia y contó para ello con la visión de dos inspectores de Hacienda del Estado, Raúl Burillo y Carlos Diéguez, este último en excedencia al ser el director del área fiscal en Broseta Abogados. Ambos expertos ofrecieron sus diferentes enfoques, pero coincidieron en la necesidad de reformar el sistema tributario español para que sea más «armónico» y «equilibrado» desde el punto de vista territorial.

Burillo hizo hincapié en la «injusticia» del sistema tributario. «No todos pagan igual. Las personas que menos posibilidades tienen una carga fiscal parecida a los que más recursos tienen. Las pymes pagan incluso más impuestos que las multinacionales», afirmó. Como ejemplo de este desequilibrio, apuntó que el 20% de las rentas más bajas del país tienen una presión fiscal «similar» a la del 10% de los más ricos. Por este motivo, consideró que hay «elementos que hacen pensar incluso que este sistema es inconstitucional».

Abogó así por posibles reformas que permitan aumentar la recaudación impositiva «sin que siempre tengan que pagar los mismos: las clases media». En su opinión, España tiene una crisis de ingresos «evidente», ya que, aunque han aumentado en los últimos años, son «insuficientes».

Sobre la financiación de las comunidades autónomas, Burillo sostuvo que urge un nuevo modelo pero hasta que no se resuelva «el problema catalán» ve «imposible» concertar un acuerdo.

Diéguez, por su parte, señaló que la crisis mundial y la derivada insuficiencia financiera de los estados han evidenciado que la distribución de la carga fiscal «quizá no era la más eficiente». Esto no significa, precisó, que se deba incrementar «de una manera directa e inmediata».

Sostuvo asimismo que existe una «demanda creciente» por parte de los profesionales y de la sociedad en favor de un sistema «arnónico e integral para que no haya zonas oscuras y desequilibrios territoriales o personales». En este sentido, coincidió con Burillo en la necesidad de fijar «normas básicas» y «criterios comunes» para todas las autonomías en los impuestos de sucesiones o patrimonio.