El caso CAI avanza con cuentagotas, pero sigue adelante. La última novedad es la decisión del ministerio fiscal de no oponerse al recurso presentado por la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, después de que la jueza que instruye el caso rechazase la petición del sindicato de ampliar la querella presentada por la entidad contra su exdirector general, Tomás García Montes, así como contra Javier Alfaro y Ramón Marrero, socio de la caja en Andalucía durante los años de expansión inmobiliaria.
Por tanto, ahora es la Audiencia Provincial la que deberá pronunciarse sobre la ampliación o no de la querella, aunque CIC ya ha anunciado que, en caso de desestimarse presentará una nueva denuncia. El sindicato argumentó esta ampliación al tener sospechas de presuntas irregularidades detectadas en la concesión de créditos a determinadas empresas, de las que también se podrían derivar responsabilidades penales.
Así, el sindicato ve "necesario" profundizar en la investigación de la gestión de algunas de las 70 sociedades inmobiliarias ligadas a la entidad. Así, argumenta que una de ellas, Arcai Inmuebles, arrojó números rojos por 26 millones de euros en 2009, aunque en un principio solo notificó pérdidas por valor de 815.132 euros. Según denuncia CIC, esta sociedad perdió 42 millones entre el 2009 y el 2011.
No obstante, la magistrada dictó un auto en el que reflejó que los hechos a los que alude CIC no son objeto de la instrucción, es decir, exceden al caso que se instruye, que aborda el perjuicio económico causado a la entidad por parte de los tres imputados, a través de la realización de viajes, la compra de pisos y la extinción de la relación de negocios con Ramón Marrero. Así, argumenta que la ampliación de la querella "parece que van encaminadas a supervisar o fiscalizar la actuación de la CAI --entidad querellante-- en el desarrollo de su actividad empresarial (...) lo cual no es objeto de este procedimiento", destacó en el auto.
DECLARACIONES
Por otra parte, la jueza debe decidir en los próximos días si llama a declarar a directivos y exdirectivos de CAI, tal y como le solicitó la defensa de García Montes y de Alfaro. También lo hizo Ramón Marrero. En el escrito también solicitan una batería de pruebas testificales y documentales para que la jueza pueda tener información sobre las prácticas habituales de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de la caja.
