La Comisión que intentará esclarecer si hubo errores, una gestión negligente o algo más en Caja Inmaculada (CAI) durante los últimos años da sus primeros pasos en las Cortes de Aragón. Su constitución se producirá hoy con el nombramiento de sus miembros --Marian Oroz (PP), Florencio García Madrigal (PSOE), Gregorio Briz (CHA), Luis Ángel Romero (IU) y Antonio Ruspira (PAR)-- que tienen por delante una complicada tarea, no solo por la ingente documentación que deberán analizar sino también por que la comisión arranca en plena campaña para las elecciones europeas. Además, su dictamen y conclusiones podrían coincidir con el final de la integración de Caja3 (CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz) en el grupo Ibercaja.
Desde ahora hasta el dictamen final, el proceso estará plagado de interrogantes. El principal será determinar las causas por las que CAI ha pasado de ser una de las entidades destacadas del sector financiero aragonés a diluirse en apenas un 5% del nuevo grupo Ibercaja. Esa será la principal 'x' a despejar. El FROB tuvo que inyectar 407 millones a la entidad y traspasar 2.200 millones al banco malo (el valor de mercado era de 4.400 millones).
"Queremos aclarar todo lo necesario para resolver todas las dudas que existen sobre un asunto que ha despertado la alarma social, como es el de la administración de los fondos de CAI", señaló ayer uno de los miembros de la comisión, Florencio García Madrigal (PSOE). Este partido, junto con CHA e IU insitieron en esta investigación en más de 20 ocasiones hasta que la abstención de PP y PAR la hizo posible.
Cuestiones sospechosas
Por ahora, todas las respuestas conducen a los años de borrachera inmobiliaria de CAI, en los que se sellaron operaciones, tanto en el sur de España como en otros territorios, cuanto menos sospechosas. En esa década también se destinaron elevadas pensiones --algunas incluso vitalicias-- a directivos de CAI. Una de ellas es la que recibe aún hoy su exdirector general, Tomás García Montes, (su salario anual pensionable en el 2008 fue de 274.807,28 euros, mientras que en el 2009 ascendió a 277.005,74 euros). Pero hay más, entre ellas la recibida por el exdirectivo Juan Antonio García Toledo.
Las alertas comenzaron a saltar en el 2010, cuando el Banco de España ya advirtió a la CAI de la existencia de "deficiencias relevantes" en el control de riesgos, así como en el control interno de la entidad. En un escrito de requerimientos remitido a la caja se puso de manifiesto su deterioro a raíz de la concentración del riesgo en el sector inmobiliario.
Para adentrarse en este y otros temas, los miembros de la comisión deberán consensuar quién preside la misma, solicitar a la entidad la documentación pertinente y acordar qué personas desfilarán por el parlamento aragonés para explicar qué ocurrió en CAI en los últimos diez años. La vía judicial ya está abierta --García Montes y dos exdirectivos más están imputados por administración desleal y apropiación indebida-- pero la política acaba de iniciarse. Habrá que ver si se depuran responsabilidades políticas en la comisión.
En la última década también han salido a la luz supuestos viajes de exdirectivos y familiares a cargo de la entidad y rebajas en la adquisición de pisos, pero sin duda, lo que ha abierto la caja de los truenos ha sido la expansión inmobiliaria de CAI en Andalucía. Este y otros episodios desembocaron en la creación de 69 sociedades ligadas al ladrillo, algunas de las cuales han desaparecido o están en proceso de extinción, tal y como obligó la Comisión Europea. Solo el hólding inmobiliario de la caja (CAI Inmuebles) supuso entre 2010 y 2011 pérdidas por valor de más de 112 millones.
La comisión que echa a andar hoy deberá ahondar en el consenso, si quiere obtener resultados. Pero no será sencillo. Hoy, el PSOE exigirá presidir dicha comisión, ya que la iniciativa "partió de la oposición" y porque "PP y PAR ya están al frente de la de Plaza".
